El Parlamento de Canarias ha dado un paso significativo en la regulación del uso turístico de viviendas al aprobar, por mayoría, un informe del proyecto de Ley de Ordenación Sostenible. Esta iniciativa ha contado con el respaldo de varios grupos políticos, incluyendo Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP), Asamblea Herreña Independiente (AHI) y Agrupación Socialista Gomera (ASG), mientras que la oposición, compuesta por el Partido Socialista (PSOE), Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) y Vox, ha expresado su desacuerdo.

El informe recibió el apoyo de nueve votos a favor y seis en contra durante la comisión parlamentaria, lo que permite que el proyecto avance al pleno para su aprobación final. Los grupos que apoyan esta medida argumentan que busca proteger los intereses generales de la comunidad canaria ante la amenaza de la especulación y el abuso en el sector turístico.

Durante las discusiones en la comisión de Empleo y Turismo, los representantes del gobierno regional subrayaron la importancia de implementar una legislación que refleje la diversidad del archipiélago, donde cada isla tiene características y necesidades propias en términos de turismo, especialmente en lugares como La Palma, La Gomera y El Hierro, donde el turismo a pequeña escala es crucial.

Sin embargo, la oposición ha criticado la falta de consenso en la elaboración de esta normatividad. Gonzalo González, del NC-BC, ha lamentado el escaso diálogo y la imposición del gobierno, sugiriendo que la ley responde más a los intereses de grandes corporaciones que a las necesidades de los propietarios locales. Según él, esta normativa podría perjudicar a muchos pequeños propietarios, dejándolos en una situación legal incierta.

De manera similar, el diputado Santana del PSOE ha expresado su frustración por la falta de consideración de las enmiendas propuestas por su partido, reiterando que una adecuada gestión del turismo debería beneficiar a los pequeños propietarios, quienes son fundamentales para un reparto equitativo de los ingresos generados por esta actividad.

En defensa del proyecto, Raúl Acosta de AHI ha enfatizado que, a pesar de las críticas, se han alcanzado acuerdos para asegurar que la regulación no tenga un impacto negativo en la economía local y en la sostenibilidad del turismo, destacando el modelo familiar que predomina en la oferta alojativa de las islas menos desarrolladas.

Ramos, de ASG, ha elogiado la valentía del gobierno al abordar los retos del alquiler vacacional desde 2015, señalando la necesidad de una normativa que contemple las diversas realidades turísticas de Canarias. Insistió en la importancia de conceder a los municipios la autoridad para decidir sobre la vivienda vacacional en sus territorios.

La representación de Vox mostró su descontento con la falta de estabilidad del proyecto de ley, criticando su naturaleza cambiante y la falta de claridad en los criterios que deben definirse en un plazo de seis meses tras la entrada en vigor de la norma, un aspecto que resulta preocupante para ellos.

Desde el gobierno, Morales del PP celebró la aprobación del proyecto como un avance en la regulación del turismo que responde a una necesidad imperante y que busca poner orden en el sector, tras años de inacción. Resaltó que esta legislación tiene como objetivo abordar problemas de vivienda y regular el creciente impacto del turismo en las comunidades locales.

Finalmente, Beato de Coalición Canaria reafirmó que la nueva normativa busca equilibrar la necesidad de viviendas dignas y el desarrollo del turismo, defendiendo el papel de los ayuntamientos en la gestión de la oferta turística y la lucha contra la ilegalidad en este sector.