En un giro alarmante en el ámbito político español, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado que Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, habría exigido "pagos pendientes" en su etapa como presidente de Canarias. Esta demanda estaría relacionada con la compañía Soluciones de Gestión, a la que se le adjudicaron contratos de mascarillas en circunstancias que despiertan serias dudas sobre su legalidad.

Según los informes, Torres se comunicó directamente con Koldo García, persona que, según los investigadores, gozaba de una notable influencia en esta transacción. El contenido de los mensajes sugiere que Torres estaba ansioso por garantizar el pago a la mencionada empresa, lo que añade un nuevo nivel de complejidad a la situación.

Los detalles de esta situación han sido documentados en un informe que ha llegado a manos del juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, quien está al frente de la investigación del caso conocido como 'Koldo'. Este documento pone de manifiesto la conexión entre García y los altos mandos de la administración, insinuando que influencias externas jugaron un papel crucial en estas y otras decisiones.

Entre los mensajes interceptados, destaca uno donde Koldo se dirige a un empresario compartiendo una conversación previa con Torres. Este último menciona su intención de contactar a Antonio Olivera y asegura que "estoy encima de tu pago", añadiendo que el material ya ha obtenido la validación necesaria a pesar de los problemas previos con las mascarillas.

Además, el informe de la UCO detalla que la cantidad comprometida por la compra de mascarillas a Soluciones de Gestión ascendió a la impresionante cifra de 12.317.580,24 euros, lo que subraya la magnitud del posible escándalo en el que está envuelto el ex presidente canario.