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Jueves, 22 de octubre de 2026 Edición Islas Canarias · Red Crónica
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La jueza rechaza la nulidad en el proceso contra Asencio por delitos contra la intimidad

La jueza descarta la nulidad en el proceso contra Asencio por grabaciones íntimas, en un caso que pone en debate la privacidad en el deporte profesional.

Redacción · Crónica Canarias 2 min de lectura
La magistrada del Tribunal de Instancia de Las Palmas ha desestimado la petición de nulidad en la causa judicial que afecta al futbolista Raúl Asencio y otros tres jugadores profesionales. La investigación se centra en la grabación y posible difusión de imágenes íntimas en un club de playa de Mogán, realizada en junio de 2023. La resolución indica que no se ha vulnerado ningún derecho constitucional y valida las diligencias policiales, incluyendo la incautación de dispositivos móviles y la declaración de los investigados. La decisión se produce en un contexto en el que la justicia busca esclarecer los hechos sin que exista, por el momento, una valoración definitiva sobre la existencia o no de perdón por parte de las víctimas. La causa continúa abierta y la investigación avanzará con la declaración de las personas afectadas en la fase procesal correspondiente. La resolución refleja la importancia de las diligencias policiales y la valoración técnica de las pruebas en casos complejos de delitos contra la intimidad y la privacidad. La repercusión mediática y social de estos hechos ha provocado un debate sobre la protección de derechos fundamentales en el ámbito del deporte profesional y la responsabilidad de los clubes y federaciones. A nivel político, el caso reaviva cuestiones sobre la regulación de la privacidad en contextos deportivos y la necesidad de reforzar normativas contra la difusión no autorizada de contenidos íntimos. La situación también pone en evidencia la complejidad de los procesos judiciales en estos ámbitos y la importancia de garantizar un procedimiento justo y fundamentado. En el futuro, se espera que el proceso siga su curso con la evaluación de las declaraciones y las pruebas periciales, en un escenario donde la protección de derechos y la responsabilidad penal deben equilibrarse con la presunción de inocencia.

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