Crónica Canarias.

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La Fundación Franz Weber solicita al Gobierno español prohibir los paseos en dromedario en Canarias.

La Fundación Franz Weber solicita al Gobierno español prohibir los paseos en dromedario en Canarias.

En el día de hoy, 3 de diciembre, desde Las Palmas de Gran Canaria, se ha dado a conocer que la Fundación Franz Weber está tomando la iniciativa de dirigir una comunicación formal a la nueva ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen. El objetivo de esta acción es poner fin a la controversial práctica de los paseos en dromedario, que aún se realiza en diversas localizaciones de Canarias.

La fundación ha enfatizado a través de un comunicado que en el año 2021 ya emitió alertas sobre las "importantes carencias" en el bienestar de estos animales, específicamente en Lanzarote. En ese entonces, se presentó un informe veterinario que levantaba la voz de alarma sobre las dificultades que enfrentan, destacando las extensas jornadas de transporte que deben soportar y las diversas incidencias que han sido documentadas.

Adicionalmente, la Fundación menciona que dicho informe revelaba situaciones preocupantes, tales como las "cargas excesivas" que son impuestas a los dromedarios, así como la "peligrosa presión" que se ejerce sobre sus articulaciones durante el transporte de los turistas. También se criticaba el "uso nocivo" de bozales de alambre y la falta de acceso a agua, cuestiones que ponen en tela de juicio el trato que reciben.

Entre los puntos señalados por FFW, se destaca que a la fecha actual, la actividad de paseos en dromedario está enfocada sobre todo en atraer a turistas extranjeros en áreas que son especialmente sensibles desde el punto de vista ambiental. Ejemplos de ello son las célebres Dunas de Maspalomas en Gran Canaria, el Parque Nacional de Timanfaya en Lanzarote, así como diferentes localizaciones en Fuerteventura, esta última reconocida como 'Reserva de la Biosfera' por la UNESCO en 2009.

Por último, la Fundación Franz Weber ha subrayado su preocupación por la prolongación de esta actividad comercial en espacios que se consideran protegidos, argumentando que esta situación prioriza el beneficio económico de un reducido número de empresas sobre la protección efectiva de ecosistemas que son vitales tanto para la biodiversidad como para la resiliencia frente a los efectos de la crisis climática.