SANTA CRUZ DE LA PALMA, 31 de agosto. La Diputación del Común ha decidido evaluar la situación del asentamiento de Cueva Laya, conocido por ser el mayor núcleo chabolista del sureste de Gran Canaria, tras recibir una solicitud de protección por parte de sus ocupantes irregulares.

En un comunicado oficial, la entidad ha informado que el próximo viernes, 5 de septiembre, se llevará a cabo un encuentro con los representantes de la comunidad asentada en este lugar, pasando a ser un tema prioritario para la institución.

Para abordar este tema, la Diputación ha formado un equipo de mediación que incluye a la adjunta de Igualdad, Ana de León, la abogada Gloria Gutiérrez y la mediadora Silvina Dragonetti. Este equipo estará encargado de analizar en profundidad la problemática que enfrentan los residentes de Cueva Laya.

De acuerdo con las indicaciones, se ha solicitado a los afectados que presenten la documentación necesaria para poder entender su situación y explorar alternativas que puedan ser viables a corto plazo.

Después del primer acercamiento a las familias en situación de desalojo, la Diputación del Común subraya la importancia de que las instituciones encargadas actúen de manera inminente para evitar desalojos sin opciones reales de reubicación.

Además, la institución señala que es crucial asegurar el derecho a la asistencia básica para todos los individuos, independientemente de su estatus migratorio, ya que muchos de los involucrados carecen de documentación adecuada.

Por este motivo, se ha sugerido la creación inmediata de una mesa de trabajo que incluya a representantes del Gobierno de Canarias, los ayuntamientos y el cabildo. La finalidad es encontrar soluciones habitacionales urgentes y, al mismo tiempo, abordar de forma estructural la crisis de vivienda que atraviesa el Archipiélago.

La Diputación ha reconocido la labor de la Policía y los cuerpos de seguridad, pero sostiene que el problema central radica en la falta de respuestas efectivas por parte de las administraciones públicas ante esta crisis.

“No se puede desalojar a familias que han habitado un lugar durante años sin ofrecer alternativas, sobre todo en un contexto de crisis habitacional en Canarias. Es imperativo evaluar la situación y buscar soluciones para estas familias, que muchas veces se encuentran en condiciones de vulnerabilidad”, añade la institución.

Asimismo, la Diputación ha mantenido contacto con la Asociación de Derecho al Techo, quienes están al tanto de la compleja situación que enfrenta la comunidad.

Los residentes argumentan que la proliferación de asentamientos ilegales en Cueva Laya se debe al alto costo de la vivienda y a la dificultad de acceder a alquileres, lo que les ha llevado a construir sus propias chozas para sobrevivir.

Estos asentamientos, que acogen a cientos de personas, generan inquietud debido a la falta de servicios básicos y su localización en terrenos que, en ocasiones, tienen otros fines, como el desarrollo de un parque tecnológico. Actualmente, el ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana está identificando a todos los ocupantes, ya que se trata de un asunto social complicado, marcado por la ocupación ilegal del suelo.