En la jornada de hoy, el empresario Íñigo Rotaetxe, representante de la compañía Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, se ha acogido a su derecho de no declarar frente a la comisión de investigación del Parlamento de Canarias en relación al caso de la compra de material sanitario durante la pandemia. Rotaetxe, quien está siendo investigado por presuntos delitos graves, ha optado por no responder a las preguntas de los siete grupos parlamentarios presentes, con el objetivo de no perjudicar su situación legal, siguiendo así la misma decisión tomada anteriormente en el Parlamento balear.

En su comparecencia ante la Cámara regional, acompañado por su abogado, el empresario únicamente agradeció al final de la sesión el interés mostrado por los grupos y su empeño en formular preguntas. El presidente de la comisión, el diputado Raúl Acosta, ha respaldado el derecho constitucional de Rotaetxe de no hablar, solicitando a los grupos que planteen preguntas claras y precisas, e incluso tuvo que advertir a algunos diputados por cuestionar la decisión del compareciente.

Uno de los legisladores que cuestionó la postura de Rotaetxe fue José Alberto Díaz-Estébanez, de Coalición Canaria, señalando que el silencio del empresario no es la mejor estrategia para llegar a la verdad y que denota cierto temor a posibles contradicciones futuras. La empresa de la cual Rotaetxe es representante fue beneficiada con varios contratos millonarios para la adquisición de material sanitario en Canarias durante la crisis del COVID-19.

A pesar de ello, el Gobierno canario solo realizó los pagos por las mascarillas que cumplían con los estándares de calidad exigidos. La comisión de investigación continuará la próxima semana con las declaraciones de otros implicados, como Kevin Sánchez de Yimbo 7 Inversiones SL y Carlos Sánchez Muñoz de ACJ SAU, uno de los principales proveedores sanitarios para el gobierno regional.