Guardia Civil advierte sobre sanciones penales y económicas por falsa amenaza de bomba.
La Guardia Civil ha lanzado una advertencia sobre las consecuencias penales y económicas que conlleva la movilización de medios ante una falsa amenaza de bomba que se está extendiendo en centros de educación secundaria de la isla de Gran Canaria. Los estudiantes recurren a estas prácticas para tratar de evitar los exámenes de finales de curso, una acción considerada como desorden público y que implica movilización innecesaria e ilegal de los servicios de emergencia.
La Guardia Civil afirma que estas acciones son incentivadas por videos e imágenes que se comparten en las redes sociales por los jóvenes para aumentar sus seguidores, si consiguen grabaciones de las consecuencias, así como de los medios movilizados tras este tipo de alertas para hacer los vídeos virales.
Los autores de tales acciones, según la Guardia Civil, incurren en el delito de desórdenes públicos, mientras que quien afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad o la producción de un siniestro, a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro, provocando la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento, será castigado con la pena de prisión de tres meses y un día a un año o multa de tres a dieciocho meses.
Además, la movilización de los servicios de emergencia conlleva una consecuencia administrativa y económica, advierte la Guardia Civil, quien subraya que se activa con la "máxima rapidez y urgencia" los recursos más cercanos para evacuar a las personas de los centros educativos y acordonar la zona afectada, habilitando una zona de seguridad en los alrededores para la posterior actuación del Grupo de Desactivación de Explosivos (GEDEX) especialistas en este tipo de amenazas.