En un reciente evento en Las Palmas de Gran Canaria, Francisco del Pozo, líder de la campaña de Greenpeace España contra los combustibles fósiles, destacó el excepcional potencial que Canarias posee en el ámbito de las energías renovables. Del Pozo afirmó que este potencial brinda la oportunidad de llevar a cabo una transición energética que sea verdaderamente justa para las islas.

Durante una conferencia de prensa, el activista hizo estas declaraciones mientras el rompehielos Arctic Sunrise de Greenpeace se encuentra atracado en el puerto de la capital canaria, donde permanecerá hasta el 26 de enero. Su presencia busca señalar que proyectos como la planta de gas promovida por Totisa Holdings en el Puerto de La Luz no conforman un camino adecuado hacia una transición energética equitativa para el archipiélago.

Del Pozo defendió la postura de Greenpeace desde sus inicios, enfatizando que el gas no representa una solución viable. Señaló que, al ser un combustible fósil, es responsable de generar tanto emisiones de efecto invernadero como emisiones de metano, las cuales tienen un impacto severo en la situación climática actual. Por lo tanto, instó a una eliminación total de estos combustibles.

Al hablar de la realidad climática actual, Del Pozo mencionó diversos fenómenos catastróficos recientes, como la dana de Valencia y los incendios forestales en Los Ángeles, y argumentó que estos eventos son indicativos de los efectos más graves de la crisis climática que ya se están viviendo. Reiteró la urgencia de actuar, abogando por el cese de inversiones en energías contaminantes, ya que Canarias cuenta con un potencial renovable que podría servir de ejemplo a nivel global en cuanto a la transición energética.

A pesar de dicho potencial, Del Pozo advirtió que la región sigue experimentando una significativa dependencia de los combustibles fósiles. Citando estadísticas de Red Eléctrica, apuntó que en 2024, solo un 21.2 por ciento de la demanda eléctrica de Canarias fue satisfecha por energías renovables, lo que coloca a las islas en el quinto lugar entre las comunidades españolas con menos ambición climática. Además, consideró que la planta de gas en el Puerto de La Luz solo refuerza esta falta de proyección ambiental, constituyendo un retroceso que podría resultar irreversible para la población local.

En cuanto al proyecto de Totisa, Del Pozo argumentó que refleja una visión obsoleta que aún considera al gas como una opción de transición con bajas emisiones de carbono. Hizo hincapié en que numerosos estudios demuestran que la ventaja climática de este combustible en comparación con el petróleo o el carbón es prácticamente inexistente en función de su origen. Agregó que optar por el gas natural en Canarias contradice tanto el Acuerdo de París como las estrategias de transición energética a nivel nacional y regional, condenando así al archipiélago a décadas de más emisiones y dependencia energética.

María Luisa Pita, exjefa de Sanidad Ambiental del Gobierno de Canarias y portavoz de la plataforma ciudadana opuesta a la planta de gas de Totisa, advirtió que la instalación podría representar un grave riesgo para la salud de aproximadamente 400.000 residentes en Las Palmas de Gran Canaria. A lo largo de su intervención, enfatizó que este peligro ha sido comunicado reiteradamente al gobierno regional.

Entre las principales preocupaciones, Pita destacó el aumento de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, incluidos problemas como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), que verían un impacto negativo incrementado durante episodios de calima, lo que podría agravar aún más la salud pública en la región.

Antonio Hernández, abogado ambientalista, también puso de relieve la falta de seguridad en el proyecto. Recordó que en 2018 se rechazó una planta de gas en Arinaga debido a su proximidad a las áreas pobladas. Por tanto, cuestionó la lógica de permitir que el proyecto de Totisa avance, considerando que se situaría incluso más cerca, a tan solo 1.100 metros del barrio de La Isleta.

Es relevante señalar que tanto el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como el Cabildo de Gran Canaria han expresado su oposición al proyecto. Asimismo, el Parlamento de Canarias ha manifestado su resistencia y ha instado a que se complete la evaluación de impacto ambiental, garantizando así los máximos estándares de salud y seguridad medioambiental para la población.

Finalmente, el Parlamento regional también solicitó apoyo financiero a Puertos del Estado y al Ministerio de Transportes para promover el desarrollo de combustibles completamente renovables, con el fin de cumplir los objetivos de descarbonización en las islas. En este contexto de oposición al proyecto de gas, Greenpeace y la Plataforma contra Totisa han organizado para el 24 de enero una mesa redonda en el Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas, donde se abordarán los efectos en la salud, el medio ambiente y la economía, así como las alternativas hacia un futuro más sostenible en Canarias.