En el contexto actual de la crisis migratoria, España se presenta como un punto clave en las operaciones coordinadas por la agencia europea Frontex. Según declaraciones oficiales, nuestro país alberga cuatro operaciones conjuntas, más que cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea, lo que subraya la importancia de su papel en la gestión de la inmigración irregular.

El Gobierno español ha manifestado de manera firme su deseo de que Frontex avance en la firma de acuerdos con naciones africanas. La intención es que se implementen estrategias efectivas de prevención en lugar de limitarse a una mera reacción ante las llegadas de embarcaciones por la ruta atlántica hacia Canarias. Este enfoque proactivo es crucial para abordar la problemática migratoria desde sus raíces.

En respuesta a las inquietudes planteadas por el Partido Popular, el Ejecutivo ha dejado claro que hasta el momento no se han concretado estos acuerdos con los países de origen y tránsito en África. Como consecuencia de esta situación, la asistencia que puede proporcionar Frontex en el ámbito migratorio sigue siendo insuficiente.

El Gobierno reafirma que ha solicitado a Frontex colaboración en Canarias, además de pretender aumentar el número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para gestionar la actual ola migratoria que afecta al archipiélago canario. Este posicionamiento responde a la preocupación por la seguridad y la integridad de nuestras fronteras, así como a la necesidad de atención a quienes llegan en condiciones de vulnerabilidad.

Siguiendo esta línea, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya había comunicado en una carta a la dirección de Frontex que se espera una mayor cooperación, centrándose en la necesidad de formalizar esos acuerdos con los países africanos para facilitar el despliegue de recursos en los lugares de origen y tránsito de la migración irregular.

A pesar de que Frontex ha ofrecido incrementar su presencia en Canarias, el Gobierno ha respondido que ya existen recursos de la agencia en el terreno, dedicados a labores de inteligencia, junto con el personal de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que ya se encuentran operativos en la región. En total, se han desplegado 3.600 agentes en Santa Cruz de Tenerife, lo que representa un significativo aumento respecto a años anteriores.

En el marco de la respuesta al supuesto déficit de colaboración, el Gobierno ha hecho referencia al Reglamento 2019/1896, que regula la colaboración entre Frontex y terceros estados. Desde la implementación de este reglamento, España ha señalado en múltiples ocasiones la necesidad de concluir acuerdos de estatus y de trabajo con los países implicados en la ruta atlántica.

Estos acuerdos son considerados por el Gobierno como esenciales para garantizar que Frontex articule una estrategia verdaderamente preventiva, que aborde las salidas antes de que se produzcan, en lugar de limitarse a reaccionar ante las llegadas a nuestras costas. En este sentido, la solicitud de España hacia Frontex es clara: reducir el flujo de inmigrantes irregulares que alcanzan las islas Canarias.

Finalmente, el Gobierno resalta que España se ha convertido en una de las áreas operativas más relevantes para Frontex en toda la Unión Europea. Las cuatro operaciones conjuntas llevadas a cabo evidencian esta posición privilegiada en el marco de la colaboración entre estados miembros para abordar la compleja cuestión de la inmigración irregular.

Las operaciones 'Canary Islands', 'Minerva', 'Índalo' y 'Focal Points Air' son ejemplos de este compromiso conjunto, enfocadas en la lucha contra la inmigración irregular y el fortalecimiento de la cooperación en el control de flujos migratorios.