Las Palmas de Gran Canaria, 28 de septiembre.

Este lunes se da inicio al periodo de solicitud para el llamado Bono de Alquiler Joven, una iniciativa promovida por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias. Este programa está destinado a ayudar a jóvenes entre 18 y 35 años en el pago del alquiler de su vivienda habitual, otorgándoles un apoyo económico de hasta 250 euros mensuales.

La partida destinada a estas subvenciones, administradas por el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), suma un total de 10,6 millones de euros, cuya financiación proviene del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Además, se incluye una aportación adicional de 1,4 millones de euros a través de un acuerdo con el Cabildo de Lanzarote, lo que permitirá una mayor cobertura de dicha ayuda en la isla, según ha indicado la Consejería de Vivienda en un comunicado.

Las ayudas se repartirán mediante un sistema de concurrencia no competitiva. Esto significa que se atenderán todas las solicitudes que cumplan con los requisitos establecidos sin necesidad de compararlas o establecer priorización entre ellas.

Los interesados tendrán un plazo de 15 días hábiles, del 29 de septiembre al 17 de octubre de 2025, para realizar sus solicitudes. Se recomienda que este proceso se lleve a cabo de manera telemática a través de la sede electrónica, aunque también se admiten otros medios conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Para poder optar a esta ayuda, es necesario ser mayor de edad y menor de 36 años al momento de hacer la solicitud. También se requiere tener nacionalidad española o pertenecer a un país de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. Aquellos que tengan nacionalidad no comunitaria deberán estar en una situación regular de residencia o estancia en España.

Además, el solicitante debe ser el arrendatario o estar en condiciones de firmar un contrato de arrendamiento en Canarias, de acuerdo a la Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos. Se permitirá la solicitud de esta ayuda de forma retroactiva desde el 1 de enero de 2024, si el interesado ya era titular de un contrato a partir de esa fecha.

Los aspirantes deben contar, al menos, con una fuente de ingresos regular que no supere tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), considerando también los ingresos de otros ocupantes de la vivienda, ya sean o no titulares del contrato.

En el caso de alquiler de habitaciones, solo se tendrán en cuenta los ingresos de la persona que arrienda, sin incluir los de quienes compartan la vivienda.

El Instituto Canario de la Vivienda ha clasificado los precios de alquiler en diferentes municipios para establecer un límite en función del ámbito en el que se encuentren. En la primera categoría, denominada 'Ámbito A', el alquiler mensual no podrá exceder los 900 euros, y las habitaciones estarán limitadas a 450 euros. Este ámbito incluye localidades como Las Palmas de Gran Canaria y San Bartolomé de Tirajana, entre otras.

Por su parte, el 'Ámbito B' establece un tope de 750 euros mensuales para el alquiler y 375 euros para habitaciones, abarcando municipios como Telde y Granadilla de Abona. Finalmente, en el 'Ámbito C', que comprende los 51 municipios restantes, los precios máximos se fijan en 600 euros para viviendas y 300 euros para habitaciones.

Los pagos de estas ayudas se realizarán cada seis meses, siempre que el beneficiario justifique su situación, aunque si se solicita la subvención de manera retroactiva, se podrá abonar con la resolución de la concesión, siempre que se presenten los recibos correspondientes del alquiler.

Finalmente, es importante resaltar el acuerdo entre el ICAVI y el Cabildo de Lanzarote, que incorpora una inversión de 1,4 millones de euros, con el propósito de ampliar el alcance de las ayudas y asegurar que más jóvenes en la isla puedan acceder a este respaldo en sus alquileres. Esta inyección económica se integrará en el mecanismo habitual de gestión del ICAVI, con la intención de agilizar procesos y garantizar una administración eficaz y transparente de los recursos públicos.