En una declaración emitida el martes, la Fiscalía Superior de Canarias ha desmentido rotundamente las acusaciones de presión hacia la ONG encargada de la acogida de menores migrantes en El Hierro, junto con la Policía Nacional el pasado fin de semana. La Fiscalía enmarca este incidente como una simple solicitud de información.

El comunicado enfatizó que no se hizo ningún tipo de demanda a la ONG, una versión respaldada por el Gobierno de Canarias durante estos días. Esto llevó a que la gestión de la acogida de menores fuera transferida al Estado. La Fiscalía se limitó a solicitar información sobre las medidas adoptadas por la Dirección General de Protección de la Infancia del Gobierno de Canarias en el ejercicio normal de sus funciones.

Esta solicitud se realizó después de que la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras informara sobre la llegada a El Hierro de una patera con 15 menores no acompañados, a lo que la ONG responsable respondió que "no era posible" acogerlos.

La Policía Nacional, que también había contactado con la Dirección General de Protección de la Infancia, recibió la misma respuesta sobre la falta de capacidad para recibir a esos menores. La Fiscalía destaca que simplemente se pidió información, "sin hacer ninguna demanda ni a la ONG ni a la Dirección General", a pesar de ser informados de la imposibilidad de trasladar a los menores al CATE de San Andrés, que estaba saturado y no podía garantizar su acogida separada de los adultos migrantes.