En la jornada del jueves 8 de mayo, Tenerife fue el escenario de un importante encuentro entre fiscales especializados en Trata de Personas y Extranjería, quienes discutieron sobre la urgente necesidad de establecer soluciones a largo plazo frente a los desafíos permanentes que plantea la migración en las islas. Durante las sesiones, se enfatizó en la importancia de mejorar los mecanismos de detección de menores migrantes y en la urgencia de una mayor cooperación internacional en el marco de la jurisdicción universal.

El evento tuvo lugar en la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias, donde la Fiscalía General del Estado organizó unas jornadas centradas en la crisis migratoria que ha impactado a Canarias en los últimos años. Los participantes analizaron la naturaleza de este fenómeno, los desafíos que enfrenta y las acciones implementadas hasta la fecha.

Entre los presentes estaban figuras clave como la Fiscal Superior de Canarias, María Farnés, junto con Beatriz Sánchez, Fiscal de Sala Coordinadora de Trata de Personas y Extranjería, y Teseida García, Fiscal Delegada en Las Palmas. También se unió a las discusiones Luis Mayandía Fernández, Comisario Jefe de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales de la Policía Nacional, quienes coincidieron en la defensa de los derechos fundamentales y la necesidad de una colaboración internacional más efectiva.

Teseida García subrayó que para abordar los retos existentes es fundamental evaluar cómo se ha gestionado la migración en Canarias y si se ha hecho conforme a los principios de las Naciones Unidas y bajo el enfoque de derechos humanos. Denunció que las políticas migratorias son algunas de las más desafiantes para cualquier gobierno, dadas las implicaciones políticas y sociales que acarrean.

García también destacó la importancia de dejar atrás el calificativo de "emergencia" respecto a la crisis migratoria, para lograr respuestas más sustentables ante un problema que ha llegado para quedarse. Reconoció que, si bien han habido progresos significativos en la gestión de menores no acompañados, todavía persisten serios fallos en el sistema anterior que comprometieron los derechos de muchos niños.

Uno de los temas tratados fue el de la determinación de la edad de los migrantes. María Farnés hizo hincapié en la necesidad de optimizar los procesos de cribado para evitar que adultos sean ingresados en centros destinados a menores. "Hemos visto casos en que adultos son explotados y utilizados como mano de obra", alertó, manifestando la aspiración de que estos errores se minimicen en el futuro.

La fiscal expuso además cifras alarmantes sobre el fenómeno migratorio en Canarias, señalando que en 2023, un total de 41,956 migrantes arribaron a las islas, cifra que se incrementó a 46,410 en 2024. Los datos indican que se registraron 2,048 menores migrantes en 2023, cifra que descendió a 1,436 en 2024, lo que muestra una evolución en la situación.

La creciente cantidad de expedientes de tutela también fue tema de discusión. Farnés advirtió que, en la actualidad, el número de tutelas se ha disparado, lo que refleja un cambio en la manera de manejar la situación de los menores migrantes, garantizando que, al alcanzar la mayoría de edad, no terminen en la calle sin documentación adecuada, un hecho que podría generar rechazo social y problemas de seguridad.

Durante las jornadas, también se conversó sobre los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) y la necesidad de regular su funcionamiento para que la privación de libertad no exceda las 72 horas. Se evidenció el colapso del sistema de asilo ante los nuevos requerimientos establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que complican el proceso de devolución de migrantes.

En el área de la gestión de menores migrantes no acompañados, García enfatizó la necesidad de establecer un sistema efectivo de verificación de edad, que garantice los derechos de los menores, resaltando que una verdadera solución debe venir de acuerdos de solidaridad y cooperación entre instituciones.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien inauguró las jornadas, abordó el “drama” que ha vivido la población canaria en este contexto migratorio, agradeciendo el apoyo de la Fiscalía en la protección de derechos fundamentales. Pidió a los fiscales que continúen guiando al gobierno regional en la gestión de esta problemática.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y el vicepresidente del Cabildo, José Miguel Ruano, también estuvieron presentes, poniendo de relieve la importancia de este encuentro para compartir experiencias y conceptos normativos que permitan avanzar hacia una respuesta más eficaz y robusta ante la crisis migratoria. Ambos elogiaron el papel del presidente Clavijo en fomentar una conciencia sobre los desafíos que enfrenta el archipiélago, especialmente en lo que respecta a la Ley de Extranjería.