En un reciente encuentro celebrado el pasado viernes, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) tomó la determinación de recomendar al Consejo General del Poder Judicial, al Ministerio de Justicia y al Gobierno de Canarias la creación de diez nuevas plazas judiciales. Este esfuerzo tiene como objetivo primordial combatir la violencia de género y la violencia hacia la infancia y la adolescencia, distribuyendo seis plazas para abordar el problema de la violencia machista y cuatro para la violencia infantil.

Durante esta reunión, se aprobó un informe elaborado por la Comisión de Estudio encargada de implementar la Ley de Eficiencia, cuyo despliegue comenzará de manera escalonada desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2025, con la inauguración de nuevos tribunales de instancia. En acorde a esta propuesta, la Sala solicitó la creación de una nueva plaza judicial en la sección de violencia sobre la mujer del futuro Tribunal de Instancia de Las Palmas, así como más plazas similares en otros tribunales de Santa Cruz de Tenerife, Arona y Arrecife.

Además, se plantea la creación de una sección especializada en violencia contra la mujer en La Orotava, que incluiría una nueva plaza judicial y se expanda hasta el partido judicial de Icod de los Vinos. Esta iniciativa busca consolidar de manera definitiva el tratamiento de estos casos en la isla de Tenerife, según indica la información proporcionada por la Sala de Gobierno.

Respecto al partido judicial de Puerto del Rosario, la Sala reitera la necesidad urgente de que el Ministerio de Justicia emita un Real Decreto que permita la separación de los juzgados de primera instancia e instrucción. Este paso es considerado fundamental para poder adecuar la estructura de dicho partido a lo estipulado por la Ley orgánica 1/2025 y facilitar así la creación de una nueva sección de violencia sobre la mujer con una plaza judicial específica.

Con relación a la violencia contra la infancia, se solicita la creación de una plaza en la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas y la formación de una sección que cubra toda la isla de Gran Canaria, además de una nueva sección en Tenerife que cuente con los recursos necesarios para ofrecer un servicio eficaz y coordinado.

La Sala de Gobierno también subraya que, una vez establecida la sección de violencia sobre la mujer en Arrecife, los casos relacionados con violencia contra la infancia y la adolescencia deberían ser competencia de una de las plazas de la sección de instrucción, garantizando así una atención adecuada pero no excluyente.

En el caso de La Palma, se recomienda que los partidos judiciales de Santa Cruz y Los Llanos de Aridane asignen los asuntos de violencia infantil a las plazas que ya tienen asignados casos de violencia de género, asegurando un enfoque integral y especializado en estas materias.

Por su parte, el órgano del TSJC plantea al CGPJ, al Ministerio de Justicia y al Gobierno de Canarias una serie de necesidades para mejorar la atención en materia de violencia de género y violencia infantil. Entre estas, se incluyen la modernización de las oficinas judiciales y la implementación de medidas que eviten la confrontación entre la víctima y el agresor durante los procesos judiciales.

El TSJC destaca la urgencia de prestar atención a la situación de los juzgados de violencia sobre la mujer en Santa Cruz de Tenerife, la cual necesita ser abordada con inmediatez. Asimismo, se demanda la creación de oficinas de atención a las víctimas y la incorporación de equipos psicosociales que ofrezcan apoyo inmediato y preferente en estos asuntos delicados.

Finalmente, se concluye que se debe hacer llegar al Ministerio de Justicia una solicitud formal para garantizar la provisión de plazas de letrados de la Administración de Justicia necesarias para sustentar las nuevas secciones y plazas que se han solicitado, subrayando la imperiosa necesidad de actuar en este ámbito para proteger a las víctimas y asegurar una justicia efectiva.