El TSJC exige implantar oficinas de asistencia a víctimas en Canarias para cumplir la ley

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha señalado la urgencia de poner en marcha las Oficinas de Asistencia a las Víctimas en todas las islas, tras constatar que aún no están operativas en el archipiélago. La decisión, adoptada el 8 de mayo, responde a un incumplimiento grave de la legislación vigente.

Este requerimiento se produce en un contexto donde la Comisión Provincial contra la Violencia sobre la Mujer en Santa Cruz de Tenerife ha evidenciado deficiencias en recursos judiciales y asistenciales. La ley 4/2015 y el Convenio de Estambul establecen la obligación de crear estos centros, dotados con profesionales especializados en atención integral a víctimas de violencia, especialmente de género.

El fallo del TSJC refuerza la obligación legal de disponer de estas oficinas, que deben ofrecer apoyo psicológico, asesoramiento jurídico y trabajo social desde el primer contacto con la administración de justicia. La falta de estas estructuras limita la protección efectiva de las víctimas y contraviene los compromisos internacionales asumidos por España.

Desde el ámbito judicial, se advierte que la insuficiencia de infraestructuras en Tenerife no puede justificar la ausencia de estas oficinas, que podrían ubicarse en otros espacios disponibles. La resolución también contempla la necesidad de reforzar recursos en el Instituto de Medicina Legal y mejorar la formación del personal interino en violencia de género.

El pronunciamiento del TSJC refleja una postura firme en la exigencia de cumplimiento normativo y una mayor protección para las víctimas. La creación de oficinas especializadas se considera un paso clave para garantizar una atención especializada y coordinada en todo el archipiélago, en línea con las obligaciones legales y europeas.

En perspectiva, la decisión del tribunal abre la puerta a una mayor supervisión del cumplimiento de la legislación en materia de protección a víctimas. La próxima reunión de la Comisión Mixta con el Gobierno de Canarias será crucial para acelerar la implantación de estos centros y fortalecer la respuesta institucional frente a la violencia de género en las islas.