El Tribunal de Cuentas ha decidido archivar de forma provisional el caso conocido como "caso mascarillas" que investiga al Servicio Canario de Salud (SCS) por el pago de cuatro millones de euros por un millón de mascarillas que no fueron entregadas durante la pandemia de coronavirus.

Esta decisión se produce después de que la Audiencia de Canarias presentara un escrito advirtiendo de presuntas irregularidades en un contrato de emergencia firmado con la empresa RR7 United.

En el acta de liquidación provisional, fechada el 14 de diciembre de 2022, se reconoce que se ha causado un daño a las arcas públicas, pero también se destaca que el Servicio Canario de Salud ha iniciado el procedimiento para recuperar el dinero a través de la Agencia Tributaria Canaria. Hasta el momento, el reintegro no se ha realizado en periodo voluntario.

El Ministerio Fiscal solicitó la incoación del juicio contable y su suspensión hasta que concluyera el procedimiento de cobro de la deuda iniciado por la administración canaria. En febrero, el SCS solicitó el archivo de las actuaciones.

El Tribunal de Cuentas ha basado su decisión en el artículo 179.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite suspender el proceso si ninguna de las partes solicita su reanudación una vez transcurrido un plazo determinado.

En este caso, ninguna de las partes ha pedido la reanudación del proceso, por lo que se ha acordado el archivo provisional. Los autos permanecerán en esta situación hasta que se solicite su continuación o se produzca la caducidad de la instancia.

En el marco de esta investigación, se encuentran bajo sospecha varias personas, entre ellas el exdirector del SCS, Conrado Domínguez, quien podría enfrentar cargos por prevaricación administrativa y tráfico de influencias. También se investiga a la exdirectora general de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez Afonso, por presunta prevaricación administrativa, y al administrador único de RR7, Rayco González, por presunta estafa agravada y blanqueo de capitales.

La causa penal continúa abierta en la Fiscalía Europea, ya que se plantea la posible utilización de fondos europeos en este caso.