Agentes del Seprona de la Guardia Civil han iniciado una investigación sobre una persona en el municipio de Güímar por un posible delito contra la flora y la fauna. En las diligencias se investiga la posesión o adquisición de especímenes silvestres sin documentación y con alguna forma de protección.

Los agentes descubrieron la posible actividad ilegal durante un servicio conjunto con la Unidad Cinológica de El Pardo, que se encontraba en la búsqueda y localización de cebos envenenados, productos fitosanitarios ilegales y el descubrimiento de aves muertas en los tendidos eléctricos. En el municipio de Güimar, hallaron un almacén de medianas dimensiones con jaulas y animales, entre ellos los sonidos de aves que parecían estar protegidas, como las especies de loros llamadas Psittacoidea.

Los Servicios de la Guardia Civil se identificaron y entrevistaron con el propietario de los animales. Hallaron un guacamayo azul y amarillo y una cacatúa de las Islas Salomón (Cacatúa Dicorpsii), dos especies incluidas en la Comisión europea Apéndice B del Reglamento (UE) 2021/2280, que modifica el Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo de la Unión Europea, que trata la protección de la fauna y la flora silvestre. El propietario no presentó ningún tipo de documentación necesaria ni la identificación esencial requerida.

La Guardia Civil descubrió que el investigado disponía de otro núcleo de animales en la misma localidad, donde encontraron una grulla coronada (Balearica regularun) y cinco ejemplares de galápagos americanos sin documentar. Estos animales están incluidos en el taxón de especies exóticas invasoras y requieren documentación y autorización para su posesión.

Los expertos de la Fundación Neotrópico colaboraron con la identificación de los animales que estaban incluidos en la lista de protección o en las listas de requerida autorización. El estado de los animales y la falta de documentación llevaron a la intervención de los mismos, quedando completamente a disposición de la Fundación.

Además, la Guardia Civil también registró una serie de infracciones acordes con la ley de biodiversidad y medio natural, la legislación de animales de compañía y la legislación de núcleos zoológicos. Todo ello podría ser penado con una multa de ocho a veinticuatro meses y una inhabilitación especial para cazar o pescar por un periodo de dos a cuatro años, según el artículo 334 del Código Penal vigente.