El diputado Luis Campos (NC-BC) ha expresado su preocupación por posibles inconstitucionalidades en el decreto de medidas urgentes en vivienda propuesto por el Gobierno, mientras que la diputada Patricia Hernández (PSOE) lo considera un "disparate" que beneficia a los constructores.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 Mar.

Durante la sesión del Parlamento de Canarias, se aprobó el decreto con el respaldo de CC, PP, Vox, ASG y AHI, y la oposición de PSOE y NC-BC, siendo este un paso que ha generado controversia en el ámbito político.

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Pablo Rodríguez, argumentó la necesidad de medidas más contundentes debido a la insuficiencia del plan canario de vivienda, que solo contempla 2.000 viviendas planificadas.

Rodríguez afirmó que el decreto busca implementar acciones para agilizar la disponibilidad de suelo, promover la construcción de vivienda protegida y simplificar trámites administrativos, entre otras medidas destinadas a abordar la crisis habitacional en las islas.

El consejero también rechazó las críticas de algunos grupos de la oposición, señalando que el decreto no afecta a la autonomía local y ha sido respaldado por entidades como el Consejo Consultivo y la Fecam.

Por su parte, Patricia Hernández cuestionó la efectividad del decreto al no regular precios, limitar el alquiler vacacional o poner en el mercado viviendas vacías, lo que considera un obstáculo para abordar la emergencia habitacional en Canarias.

La diputada del PSOE también criticó que el decreto favorezca a los constructores en lugar de beneficiar a los sectores más vulnerables de la población, generando preocupación en cuanto a las consecuencias a largo plazo.

Raúl Acosta (AHI) respaldó el decreto destacando la rapidez con la que se han buscado soluciones para el problema de la vivienda, mientras que Melodie Mendoza (ASG) instó a todos los grupos a contribuir al decreto para paliar la difícil situación habitacional en el archipiélago.

En contraste, Luis Campos criticó duramente el enfoque del Gobierno en el decreto, señalando que prioriza los intereses de los constructores sobre la vivienda social, y advirtió sobre posibles inconstitucionalidades en su contenido.

Finalmente, Javier Pérez Llamas defendió la necesidad urgente de actuar sobre el mercado de la vivienda debido a los altos precios y la escasez de viviendas públicas en Canarias, respaldando la constitucionalidad del decreto y la urgencia de su implementación.