En las últimas semanas, se ha revelado que la mayoría de las comunidades autónomas de España no están utilizando adecuadamente su capacidad para acoger a menores migrantes no acompañados. Esta información surge de la reciente presentación del Ministerio de Juventud e Infancia, que ha planteado una hoja de ruta detallando el estado actual de las plazas disponibles para este grupo vulnerable.

El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, expuso ante la Comisión Sectorial que, según los datos analizados, existe una capacidad media de 32 plazas de acogida por cada 100.000 habitantes. Esta cifra sugiere que, para cumplir con las necesidades actuales de los más de 15.000 menores no acompañados que residen en el país, sería necesario que las distintas regiones incrementaran sus plazas asignadas, en función de su población.

La hoja de ruta presentada toma en cuenta la información proporcionada por las comunidades, aunque hay excepciones. Por ejemplo, Aragón no ha reportado sus cifras de acogida, y las Baleares, la Comunidad Valenciana y Galicia hicieron caso omiso a las solicitudes del ministerio en varias ocasiones desde marzo. Este silencio complica el análisis del panorama actual.

Además, algunas regiones, como Canarias y Ceuta, parecen estar en una posición crítica, ya que podrían considerar solicitar la declaración de contingencia migratoria. En el caso de Canarias, posee 5.566 plazas, mucho más que las 718 que le corresponderían, lo que indica un desbordamiento significativo.

Por su parte, Baleares cuenta con 622 plazas frente a las 396 adecuadas a su población, mientras que Ceuta y Melilla también superan con creces sus cuotas, lo que refleja una disparidad en el manejo de la situación entre distintas autonomías. En contraste, otras regiones deben aumentar su capacidad significativamente, como Andalucía, que necesitaría 1.378 plazas más, o la Comunidad Valenciana, que requeriría 1.216 adicionales, entre otras.

La Comunidad de Madrid, en particular, se destaca por destinar el 92% de su sistema de acogida a menores no acompañados, con 2.352 plazas. Solo se ve superada por Canarias y Ceuta en términos porcentuales de ocupación. Sin embargo, se ha calculado que Madrid debería incrementar en 83 su número de plazas para alcanzar la capacidad ordinaria necesaria.

Es importante notar que aunque la hoja de ruta se basa fundamentalmente en la capacidad ordinaria, no se han ignorado otros aspectos relevantes como la renta per cápita y los niveles de desempleo en las comunidades más saturadas, que influirán en futuros movimientos de menores migrantes.

Pérez enfatizó que la clave de una gestión efectiva radica en entender cuántos recursos se requieren para el sistema de protección, lo cual permitirá realizar ajustes en caso de que ciertas comunidades se encuentren desbordadas por el flujo migratorio.

En cuanto a las cifras proporcionadas, el Secretario de Estado tuvo que aclarar que se necesita un esfuerzo de corrección por parte de algunas comunidades que han presentado datos poco claros. Esta falta de precisión en los informes podría obstaculizar la formulación de políticas adecuadas en torno a la acogida de menores.

Finalmente, el ministerio está trabajando en un nuevo real decreto que pretende armonizar procesos entre las comunidades de origen y destino en los traslados de menores. Se espera que este sistema esté en marcha durante el verano, facilitando la reubicación de aproximadamente 4.400 menores migrantes no acompañados en un intento por mejorar su situación en el país.