El Gobierno de Canarias defiende sus competencias costeras ante el Tribunal Constitucional.

El Gobierno de Canarias ha decidido recurrir al Tribunal Constitucional para defender sus competencias en materia de Costas, desafiando al Estado y reclamando el control sobre la gestión de su litoral, tal como establece el artículo 157 del Estatuto de Autonomía.

La solicitud al TC busca que se declare que la comunidad autónoma tiene la competencia exclusiva en la ordenación del litoral, incluyendo el otorgamiento de autorizaciones y concesiones en el dominio público marítimo, y anule la Resolución del Ministerio que cuestiona esta competencia.

El consejero de Obras Públicas confía en que el Tribunal Constitucional respaldará a Canarias, ya que considera que la Ley Orgánica de 2018 reconoce claramente las competencias de la región en esta materia.

El desacuerdo surge por el traspaso de servicios y funciones relacionadas con la gestión del litoral, que Canarias considera insuficiente y busca revisar, en base a sentencias previas del TC que respaldan su interpretación de las competencias.

Tras el rechazo del Consejo de Ministros a su requerimiento anterior, Canarias eleva ahora un conflicto positivo competencial al TC, apelando al artículo 157 b del Estatuto donde se establece su exclusividad en la gestión del litoral.

A pesar de haber asumido la competencia a principios de 2023, Canarias enfrenta la oposición del Estado respecto a la gestión de las "concesiones compensatorias", lo que lleva a la presentación del recurso ante el TC para restablecer el orden constitucional.