La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha finalizado el borrador de decreto ley de concentración parcelaria para la reconstrucción de los cultivos de platanera afectados por la lava en la isla de La Palma.

Este documento ha sido elaborado a través del consenso y ha contado con la participación de las administraciones y los vecinos afectados en diversas reuniones en la isla. Se han recogido y considerado las peticiones de los damnificados.

El objetivo principal de esta iniciativa es rentabilizar las explotaciones agrarias existentes antes del 19 de septiembre de 2021, las cuales se han visto dañadas por la erupción volcánica. Para lograrlo, se propone una reordenación del terreno y la redistribución de la propiedad. Se busca establecer un equilibrio entre las fincas existentes y las nuevas fincas asignadas a cada propietario, basándose en el principio de compensación.

El proceso de reparcelación se basa en un estudio de viabilidad encargado por la Consejería a la empresa Tecnologías y Servicios Agrarios SA (Tragsatec). Este estudio busca establecer las líneas de acción para la reconstrucción de la zona afectada por la erupción.

El plan incluye la delimitación y caracterización de las superficies afectadas, un análisis de la viabilidad de la reposición de los cultivos de platanera en la zona dañada y un estudio de las cuestiones jurídico-administrativas relacionadas con las parcelas y terrenos afectados por la erupción.

Hace meses, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias publicó el borrador de decreto ley en la web www.planvallelapalma.com. Los agricultores y ganaderos afectados han podido acudir a las dependencias de Gesplan, ubicadas en el municipio de El Paso, en La Palma, para recibir información sobre el decreto ley.

El director general de Agricultura, Augusto Hernández, ha enfatizado que este documento es crucial para la reconstrucción y para garantizar que los productores que perdieron sus fincas debido a la erupción volcánica sigan recibiendo las ayudas del POSEI. Sin embargo, el decreto ley aún debe ser aprobado por el nuevo Gobierno.

Hernández también ha aclarado que este proyecto no busca crear una macrofinca común, sino que cada propietario recibirá una parcela equivalente a la que tenía antes de la erupción. La Agencia de Gestión de la Normalidad en La Palma, establecida a través del decreto de Transición Ecológica, tendrá flexibilidad para tomar decisiones durante el proceso de reparcelación, siempre considerando las condiciones geológicas.