Disminuyen en un 0,5% las denuncias por violencia de género en Canarias en 2025, con un leve descenso en víctimas y casos judiciales
Durante 2025, las denuncias por violencia de género en los órganos judiciales de Canarias alcanzaron las 11.451, lo que representa una disminución de un 0,5% respecto al año anterior. En comparación con 2023, cuando se registraron 11.503 denuncias, la reducción refleja una tendencia estable en la tendencia de denuncias en las islas. El número de mujeres víctimas también descendió en un 4,3%, situándose en 10.326, con cuatro presuntos homicidios reportados en el último año.
Este ligero descenso en las cifras coincide con un contexto político marcado por debates sobre la protección efectiva de las víctimas y las políticas públicas en materia de violencia de género en el archipiélago. La gestión de recursos, la coordinación entre administraciones y las leyes autonómicas y estatales han sido foco de discusión, en medio de una coyuntura que busca equilibrar la protección social con la eficacia judicial y la prevención.
Desde una perspectiva política, las administraciones canarias han mantenido su compromiso con la lucha contra la violencia machista, aunque las cifras muestran que la problemática sigue siendo significativa. La tasa de víctimas en Canarias (90,3 por cada 10.000 mujeres) continúa siendo superior a la media nacional, que se sitúa en 74, reflejando la necesidad de reforzar las políticas preventivas y de atención en la comunidad.
En el ámbito judicial, las condenas en los juzgados especializados alcanzaron el 95,2% del total de personas enjuiciadas, con 2.855 sentencias condenatorias en 2025. Los procedimientos por delitos más graves, que conllevan penas superiores a cinco años, también mostraron un descenso en las personas imputadas, totalizando 735 casos, de los cuales el 68,8% derivaron en condena.
En un escenario más amplio, estos datos evidencian que, aunque en Canarias se observa una ligera tendencia a la reducción en denuncias y víctimas, la problemática de la violencia de género continúa siendo un reto social y político que requiere acciones coordinadas y un compromiso sostenido. La atención a las víctimas, la prevención y la justicia siguen siendo prioridades en la agenda pública del archipiélago.