Diez individuos bajo custodia y tres bajo investigación por defraudar a la Seguridad Social canaria más de 1,3 millones
La Policía Nacional ha llevado a cabo una operación en la provincia de Las Palmas, en la que ha detenido a diez personas e investigado a otras tres por un presunto fraude a la Seguridad Social. El fraude se estima en 1.394.716 euros y se ha detectado en varios sectores como el comercio de frutas y hortalizas, servicios auxiliares, actividades veterinarias, restauración y fontanería.
Las investigaciones se iniciaron en mayo después de recibir denuncias de la Tesorería General de la Seguridad Social, que informó de diversas irregularidades cometidas por los administradores de diferentes empresas para eludir el pago de sus obligaciones con la Seguridad Social.
En concreto, los empresarios investigados no pagaban sus propios seguros sociales ni los de sus trabajadores, lo que les permitía aumentar sus beneficios y perjudicar a la Seguridad Social. Además, esta práctica también suponía una competencia desleal para otras empresas del mismo sector.
Durante el análisis patrimonial de las empresas y sus administradores, la Policía Nacional descubrió que en todos los casos se intentaba evitar el pago de las deudas con la Seguridad Social, creando grupos de empresas que ocultaban los beneficios y bienes obtenidos de manera ilícita.
Una estrategia común empleada por los investigados consistía en la sucesiva creación de empresas con la misma actividad, dirigidas y gestionadas por las mismas personas. Cuando generaban deudas con la Seguridad Social, se daban de baja y constituyen una nueva empresa para seguir operando sin temor a embargos.
En este sentido, es importante destacar que algunas de las personas investigadas ya habían sido condenadas por delitos similares anteriormente, pero continuaron acumulando importantes deudas con la Seguridad Social, cercanas al millón de euros, según ha señalado la Policía Nacional.
En el marco de la investigación, también se identificó un entramado empresarial compuesto por más de ocho sociedades que proporcionaban servicios auxiliares. Estas empresas actuaban de manera similar a las anteriores, sucediéndose en el tiempo y contando con diferentes personas físicas como titulares para dificultar cualquier procedimiento de embargo.
Los responsables de este entramado, cuando la deuda de alguna de sus sociedades se acercaba a los 50.000 euros, la daban de baja y comenzaban a operar con una nueva empresa. Esto evidencia un claro uso instrumental de la persona jurídica, ya que fraccionaban la deuda para evitar alcanzar la cantidad exigida en el Código Penal.
En total, han sido investigadas 13 personas, de las cuales diez han sido detenidas por delitos contra la Seguridad Social y frustración de la ejecución. Además, se ha determinado que el perjuicio económico ocasionado a la Tesorería de la Seguridad Social asciende a 1.394.716 euros, según ha concluido la Policía Nacional.