Un escándalo de empadronamientos fraudulentos ha salido a la luz en Las Palmas de Gran Canaria, revelando un complejo entramado que aprovecha la falta de control sobre el registro de residentes en la isla. Según informes de la Policía Nacional, se ha destapado una red que ha falsificado documentos para empadronar a 133 personas oriundas de Mauritania y Marruecos, quienes se encuentran en una situación irregular en España. Lo más preocupante es que algunos de ellos ni siquiera residen en el país, utilizando Gran Canaria como una mera escala para acceder a la atención médica de la Seguridad Social.

El trabajo de investigación, llevado a cabo en colaboración con el Servicio del Padrón Municipal del Ayuntamiento de Las Palmas, ha durado alrededor de dos años y ha dado como resultado la detención de un hombre y la identificación de otro en relación con estos delitos. Esta operación se ha gestado en un contexto donde el abuso de los sistemas públicos de asistencia se vuelve cada vez más preocupante, especialmente en un momento en que muchos ciudadanos luchan por recibir la atención que merecen.

Los empadronamientos fraudulentos se gestionaron con el único fin de obtener documentos que facilitaran a los implicados su regularización en el país. Solo a través de este trámite se puede acceder a la tarjeta de asistencia sanitaria, un derecho que debería estar reservado para aquellos que realmente residen y contribuyen a la sociedad española. Este fenómeno no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que también desvirtúa el propósito del sistema de salud pública, que debe priorizar el bienestar de sus ciudadanos.

Es alarmante que muchos de los beneficiarios de este tipo de fraude no solo fueran visitantes ocasionales, sino individuos que viajaban exclusivamente a Gran Canaria para recibir servicios médicos. La situación revela una falta de seguimiento en el empadronamiento que podría ser explotada por otros que buscan el mismo objetivo. Los autores de esta trama se aproximaban a las oficinas de registro haciéndose pasar por trabajadores públicos, generando una fachada de legitimidad y ganando la confianza de las personas que trataban de ayudar.

Una vez que lograban establecer una relación de confianza, solicitaban a sus víctimas documentos esenciales como identificaciones, facturas y contratos, los cuales utilizaban para llevar a cabo el proceso de empadronamiento fraudulento. A cambio de cantidades considerables de dinero, ofrecían a los inmigrantes la posibilidad de regularizar su situación en España, un negocio oscuro que agrava la problemática de la inmigración irregular en el país.

La investigación ha resultado en la identificación de al menos 28 personas que se consideraron víctimas de este engaño, pero los implicados suman un total de 133 personas. Gracias a la colaboración entre las distintas fuerzas de seguridad y la administración local, se ha podido iniciar el proceso de desarticulación de esta red. Sin embargo, la investigación aún no ha concluido y se están llevando a cabo gestiones internacionales para asegurar que todos los responsables sean llevados ante la justicia.

Finalmente, una vez finalizadas las diligencias pertinentes, la persona arrestada ha sido puesta a disposición de la Autoridad Judicial, asegurando que la lucha contra la inmigración ilegal y la falsedad documental sigue siendo una prioridad en la agenda de las autoridades. Este caso sirve como un claro aviso sobre la necesidad de reforzar los controles y evitar que se repitan situaciones que comprometen tanto la integridad del sistema español como la seguridad de todos sus ciudadanos.