Defensas solicitan anulación por acciones del exjuez Alba en el caso de Ramírez y De Armas.
En un juicio celebrado este martes en la Audiencia de Las Palmas, la defensa del empresario y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, y la del empresario Héctor de Armas, han solicitado la nulidad de la intervención del exmagistrado Salvador Alba en el proceso, argumentando que este llevó a cabo su actuación con una intención "desviada". El juicio trata sobre un supuesto delito contra la Seguridad Social por un presunto fraude millonario de unos 36,66 millones de euros.
Durante la vista oral, la defensa del empresario ha pedido la absolución de los acusados, alegando que la causa está contaminada por la actuación de Salvador Alba, quien actualmente cumple condena por prevaricación judicial y falsedad en documento público. Según la defensa, Ramírez no fue debidamente notificado de las nuevas imputaciones en su contra, y Alba accedió al procedimiento sin haber revisado el caso correctamente, citando a los acusados sin explicar los motivos de la citación.
Además, la defensa señaló que el juez no especificó los motivos de la convocatoria a declarar, y que al interrogar a De Armas se le preguntó sobre contratos publicitarios que no guardaban relación con el procedimiento, posiblemente con el objetivo de argumentar que la instrucción previa no se llevó a cabo adecuadamente. Según la defensa, Alba decidió posteriormente ampliar los años de los presuntos delitos, acusando a Ramírez de siete nuevos cargos, sin notificarle adecuadamente ni ofrecerle las garantías judiciales necesarias.
La defensa también denunció un proceder "arbitrario" por parte de la investigación de la Seguridad Social, así como una imputación "tardía" de algunos de los delitos una vez concluida la instrucción. Además, presentaron los informes médicos de Héctor de Armas, defendido por la otra parte, y se unieron a la solicitud de nulidad por indefensión de los acusados.
El empresario Ramírez se enfrenta a una petición de pena de 21 años y seis meses de prisión, además de una multa de hasta 105 millones de euros, por cinco supuestos delitos contra la Hacienda Pública y tres contra la Seguridad Social. Por su parte, el fiscal también solicita una pena de 14 años de prisión y una multa de 79,3 millones de euros para Héctor de Armas, exadministrador de Seguridad Integral Canaria, acusado de tres presuntos delitos contra la Hacienda Pública y dos contra la Seguridad Social. Los supuestos actos fraudulentos se habrían llevado a cabo entre los años 2009 y 2013 en el caso de Ramírez, y entre 2011 y 2017 en el caso de Armas.