En un preocupante suceso relacionado con la seguridad alimentaria, un supermercado en el Polígono Industrial de Las Chafiras, en Playa de Las Américas, Tenerife, ha sido cerrado al público tras una exhaustiva investigación realizada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) en colaboración con el Servicio de Sanidad de Canarias.

Según un comunicado emitido por la Guardia Civil, en esta operación se han incautado 25 toneladas de alimentos que no eran adecuados para el consumo humano. Las autoridades han decidido cerrar el establecimiento y han acusado al propietario de un delito contra la salud pública, a la vez que han iniciado un procedimiento administrativo sancionador debido a las numerosas irregularidades encontradas durante la inspección.

La intervención se inició tras la observación de conductas poco claras dentro del supermercado, lo que llevó a los agentes a sospechar que se estaban llevando a cabo actividades que ponían en grave riesgo la salud de los consumidores. Por ello, se coordinó con el Servicio Canario de Salud para realizar una inspección más profunda que se extendió por más de cinco horas.

Durante esta minuciosa revisión, se encontraron diversos productos alimentarios que no cumplían con las normativas higiénico-sanitarias necesarias. Entre los hallazgos se incluían carne, conservas, alimentos manufacturados y pescado congelado, todos en condiciones inadecuadas, listos para ser adquiridos por clientes desprevenidos, y además, muchos de ellos carecían de etiquetas que indicaran su procedencia.

Particularmente alarmante fue el hallazgo de carne tanto en expositores como en una cámara frigorífica, que estaba caducada o carecía de etiquetado. Esto significa que los consumidores no podrían conocer ni la composición ni el origen de estos productos, representando así un serio riesgo para la salud pública.

El pescado, que también se halló en condiciones cuestionables, estaba envasado y ofrecido a la venta sin ninguna etiqueta, con fecha de consumición preferente ya superada. Además, algunos de estos productos mostraban evidencias de alteraciones provocadas por la ruptura de la cadena de frío, lo que agrava aún más la situación sanitaria del establecimiento.

La Guardia Civil reportó la presencia de atún rojo en porciones de dos a tres kilogramos, envasado por el propio supermercado, sin ningún etiquetado que garantizara su legalidad. Asimismo, encontraron numerosas piezas enteras de este pescado en una cámara frigorífica, sin que el responsable del establecimiento presentara documentación que certificara su origen legal.

Una vez que los técnicos del Servicio Canario de Salud examinaron la totalidad de la mercancía, se determinó que no era apta para el consumo humano. Por lo tanto, se procedió a la retirada de dichos productos de la venta, con la intención de que fueran destruidos posteriormente por un gestor autorizado, garantizando así que no representen un peligro para la población.