El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha manifestado la necesidad de que el Gobierno español reconozca su responsabilidad económica respecto a los cerca de 1.000 menores migrantes no acompañados que actualmente se encuentran en el archipiélago. Según Clavijo, la comunidad autónoma ha asumido los costes de atención a estos jóvenes durante un tiempo prolongado, lo cual no debe continuar.

En una rueda de prensa llevada a cabo el lunes, Clavijo se refirió a la reunión programada para este martes, en la que se espera que el Estado actúe conforme a las decisiones del Tribunal Supremo para que estos menores soliciten asilo. “Nos preocupa que solo después de dos autos del TS se considere importante que el Estado cumpla con sus deberes”, subrayó el presidente.

Clavijo enfatizó en dos puntos clave: primero, que la responsabilidad de los menores solicitantes de asilo recae en el Estado, que debe proceder a su alta en el Sistema de Protección Internacional. En segundo lugar, destacó la necesidad urgente de abordar el hacinamiento que padecen no solo estos mil jóvenes, sino también los 5.641 menores que Canarias aún tutela en solitario.

El presidente reiteró su compromiso de colaborar con el Gobierno para garantizar el interés superior de los menores que buscan protección, y dejó claro que la responsabilidad de su registro en el sistema de protección corresponde al Estado. “Vamos a seguir colaborando para que se respeten sus derechos y se solucione el problema del hacinamiento”, enunció Clavijo.

Además, Clavijo puntualizó que, una vez que el Gobierno realice el registro de los solicitantes de asilo, deberá convenir con Canarias una compensación económica por los gastos asumidos por la comunidad en este proceso. Mientras tanto, la comunidad autónoma seguirá trabajando con el Estado para asegurar que los menores reciban la atención adecuada y que sus derechos sean garantizados.

Por último, el presidente anticipó que durante la reunión de este martes se discutirá la figura administrativa que formalizará el acuerdo entre el Gobierno de Canarias y el Estado en este asunto tan crucial.