El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha manifestado su desaprobación respecto a los recientes acuerdos entre el PP y Vox en Baleares y Murcia, enfatizando la necesidad de "cumplir la ley". Estos pactos, que condicionan la acogida de migrantes, han suscitado su preocupación por las implicaciones éticas que tienen en la vida de menores que llegan solos a las Islas.

Durante una rueda de prensa, el mandatario canario subrayó la "aislamiento" de su archipiélago en la gestión de lo que calificó como una "crisis humanitaria" relacionada con la inmigración. Clavijo instó al Gobierno central y a las comunidades autónomas a establecer un sistema nacional adecuado para la acogida de menores no acompañados. Aseguró que la transformación en la atención a estos jóvenes es una obligación que compete a todo el país.

Clavijo, que abandonó la Conferencia de Presidentes antes de su culminación para acompañar a los Reyes en La Palma, comentó que la colaboración de comunidades como Cataluña y el País Vasco es un paso positivo, y anunció una reunión próxima con ministros del Gobierno para mejorar la coordinación en la distribución de estos menores.

El presidente canario hizo hincapié en la importancia de que las autoridades trabajen juntas para implementar un sistema nacional de protección de menores, criticando que Canarias haya tenido que recurrir al Tribunal Supremo buscando justicia y que se haya recibido un veredicto severo contra el Gobierno.

Clavijo expresó su confianza en que, a pesar de los retos, finalmente se concrete un sistema nacional que impida que un territorio asuma solo esta responsabilidad. Sin embargo, lamentó que siempre existan condiciones y limitaciones cuando se plantea la distribución de menores entre las comunidades autónomas.

Sobre los acuerdos de Baleares y Murcia, el presidente canario fue claro al manifestar su desaprobación moral, afirmando que estos pactos comprometen a "niños y niñas que viajan solos". Considera que si los presidentes de estos gobiernos hubieran presenciado las tragedias recientes en el mar, tendrían una perspectiva diferente sobre la conveniencia de tales acuerdos.

Clavijo también advirtió que estos pactos son cuestionables desde un punto de vista legal, dado que hay un decreto-ley respaldado por el Congreso que deben respetar. Insistió en que la ley debe llevarse a cabo, independientemente de las opiniones divergentes que puedan existir sobre su contenido.

El presidente aprovechó la ocasión para cuestionar el impacto que estas decisiones pueden haber tenido en los derechos de los menores migrantes, y enfatizó que, más allá de las consideraciones morales, la legalidad de estas acciones está en entredicho.

Por otra parte, Clavijo apoyó el plan de vivienda del presidente Sánchez, que incluye una significativa inversión estatal y la obligación de que los nuevos desarrollos sean de carácter público. También sugirió que las comunidades autónomas puedan utilizar su superávit para fomentar la construcción de viviendas accesibles y sostenibles.

Asimismo, solicitó al Gobierno que modifique la ley de bases para permitir que los ayuntamientos puedan implementar restricciones en la compra de viviendas por parte de extranjeros, ya que este fenómeno representa un tercio de las transacciones en las Islas. Esta propuesta ha sido respaldada por el Comité de las Regiones de la Unión Europea.

Clavijo, además, expresó su deseo de asegurar la financiación de la educación infantil y advirtió sobre el riesgo de que los nuevos decretos educativos puedan ser objeto de politización, sugiriendo que la calidad de la formación universitaria debe ser garantizada sin distinción entre el sector público y privado.

Finalizó su intervención subrayando que el objetivo de su administración es trabajar en conjunto con el Gobierno para que todos los títulos universitarios cumplan con los más altos estándares de calidad, independientemente de su origen.