Clavijo advierte sobre el impacto del nuevo Pacto Migratorio Europeo en Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado su preocupación por la próxima implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, prevista para junio. La región teme que la normativa aumente la presión migratoria y convierta a Canarias en un espacio de retención prolongada, sin un marco claro que distinga entre menores y adultos migrantes.

Este pacto, aún en discusión en el ámbito europeo y español, genera inquietud en las islas por su posible impacto en un territorio ultraperiférico con una situación migratoria compleja. La falta de coordinación efectiva entre el Estado y las comunidades autónomas agrava la incertidumbre sobre la gestión y distribución de los migrantes.

Desde el Gobierno regional, se denuncia que el proceso de aprobación del reglamento europeo ha avanzado sin una participación significativa del Estado en las decisiones clave, lo que profundiza la sensación de olvido hacia Canarias. Clavijo ha llamado a una postura común en la próxima Conferencia Sectorial de Migración para defender los intereses del archipiélago.

Las implicaciones políticas y sociales del Pacto apuntan a una posible agravación de las tensiones existentes en torno a la migración, además de cuestionar los valores de igualdad y derechos humanos que Europa promueve. La postura regional rechaza modelos que permitan pagar para no acoger migrantes, promoviendo un trato justo y respetuoso.

En el contexto de un marco europeo en constante cambio, la posición de Canarias refleja la necesidad de una estrategia coordinada y firme. La reunión prevista para mayo será decisiva para definir la postura del Estado y de las regiones ultraperiféricas ante un acuerdo que podría marcar un antes y un después en la política migratoria comunitaria.

El futuro del Pacto dependerá no solo de las negociaciones en Bruselas, sino también de la capacidad de las instituciones españolas y regionales para articular una respuesta unificada. La región insiste en que la protección de los derechos humanos y la gestión efectiva de la migración deben ser prioritarias en cualquier acuerdo.