Clavijo acusa al Gobierno central de silencio ante el repunte migratorio en El Hierro
Clavijo reclama al Gobierno central medidas urgentes en El Hierro ante el repunte de cayucos, con presión sobre sanidad y el puerto de La Restinga.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, reclamó este miércoles al Gobierno central una respuesta urgente al repunte de llegadas de cayucos a El Hierro, tras meses sin contestación a una carta en la que solicitaba medidas inmediatas. Clavijo calificó de insostenible la situación y habló de un "silencio" y una actitud conformista por parte del Ejecutivo estatal.
El repunte migratorio ha vuelto a poner el foco en la capacidad de la isla. El Hierro, por su tamaño y su población, tiene dificultades para absorber la llegada de embarcaciones, y el puerto de La Restinga, principal punto de desembarco, comparte espacio con la actividad pesquera y económica local.
Según expuso el presidente, es necesario liberar espacio en el muelle para la pesca, mejorar sus instalaciones y reforzar los medios sanitarios. Clavijo subrayó que el personal del hospital insular se desplaza al centro de atención temporal (CATE) de San Andrés para realizar curas, lo que deja desatendida a la población local. Pidió que el Estado asuma la dotación de personal sanitario en ese centro.
El mensaje tiene también una dimensión política. Clavijo discrepa de la posición del Cabildo herreño, que considera que la isla puede gestionar por ahora el repunte, y reclama un compromiso del Gobierno central que, según denuncia, lleva años sin cumplirse. Al mismo tiempo, evitó una confrontación abierta y reconoció la solidaridad de la ciudadanía de El Hierro, destacada incluso por el Papa León XIV.
El presidente valoró como positiva la decisión de la Comisión Europea de reforzar Frontex, a raíz de la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Aunque lamentó que el impulso llegue tras años de reivindicaciones, confió en que la presencia de este dispositivo en Canarias sirva para salvar vidas y mejorar la información disponible antes de la llegada de embarcaciones.
El caso de El Hierro ilustra un debate de fondo: la distribución de competencias y recursos entre el Estado y las comunidades autónomas en la gestión de la migración irregular. Mientras las mejores condiciones del mar anticipan nuevas llegadas, la presión sobre los servicios públicos insulares seguirá siendo el principal desafío para las administraciones en los próximos meses.