En un reciente anuncio desde Santa Cruz de Tenerife, los gobiernos canario y de España han decidido establecer un comité técnico interadministrativo destinado a revisar de manera meticulosa la situación de los menores migrantes que buscan asilo en el archipiélago. Este grupo se dedicará a analizar cada caso individualmente, buscando así garantizar un tratamiento justo y acorde a las circunstancias de cada menor.

Alfonso Cabello, portavoz del Ejecutivo canario, informó sobre esta iniciativa en una rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno. El comité, que contará con la participación de ocho integrantes —cuatro designados por el Gobierno canario y cuatro por el Gobierno central— se encargará de documentar sus sesiones, las cuales serán grabadas para su revisión por parte del Tribunal Supremo.

La primera reunión está programada para este martes, con el propósito de iniciar rápidamente la toma de decisiones, dado que se aproxima el plazo establecido por el Tribunal Supremo para el Estado, que se cierra este viernes. Cabello enfatizó la urgencia y la importancia de cumplir con los mandatos judiciales.

En su intervención, el portavoz también indicó que los menores solicitantes de asilo, que actualmente suman un total de 1.130 en las islas, tendrán acceso inmediato a la red estatal. Solo se solicitarán los documentos esenciales de cada menor, con un límite temporal de tres días hábiles o cinco días naturales para su presentación.

Cabello subrayó que cada menor se ubicará en el lugar donde se respeten mejor sus derechos. Hizo hincapié en que el objetivo es evitar cualquier tipo de desarraigo para quienes ya se encuentran en Canarias, afirmando que no se procederá a forzar traslados si se entiende que estos menores han establecido una red de apoyo local. Sin embargo, para los nuevos casos que surjan, el Estado se compromete a asumir conjuntamente la custodia del menor y a repartir los costes de su traslado con la comunidad de acogida.

El portavoz también expresó su agradecimiento por el trabajo realizado por los servicios jurídicos de la comunidad autónoma, quienes han liderado una necesaria reforma de la ley de extranjería. Cabello se mostró optimista respecto a la posibilidad de continuar con los avances de este proceso, resaltando que las proyecciones iniciales del Estado para comenzar a realizar las derivaciones antes del verano no han logrado cumplirse. “El tiempo se nos está echando encima”, concluyó.