El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha dejado claro que su reciente carta busca "no perder ni un minuto más" en la problemática migratoria que enfrenta el archipiélago. Con un sentido de urgencia, Clavijo y el Lehendakari, Imanol Pradales, han enviado una propuesta a los presidentes de las comunidades y ciudades autónomas, encaminada a establecer un acuerdo para la distribución extraordinaria de menores migrantes no acompañados.

El objetivo primordial de esta propuesta es asegurar la adecuada atención a los niños y jóvenes migrantes, al mismo tiempo que se alivia la presión sobre los recursos del archipiélago, que actualmente alberga a unos 5.600 migrantes menores de edad bajo su tutela.

En un comunicado oficial, el Gobierno de Canarias ha detallado que la carta presenta el texto completo de la propuesta discutida en la XXVII Conferencia de Presidentes, la cual también ha sido remitida al Gobierno español. De esta manera, tanto Clavijo como Pradales buscan avanzar en una respuesta efectiva a la dramática situación que enfrentan las comunidades autónomas ubicadas en la Frontera Sur, como es el caso de Canarias y Ceuta, así como en la Frontera Norte, que incluye a Euskadi.

El contenido del texto enfatiza la necesidad de "aplicar de forma efectiva la solidaridad y corresponsabilidad territorial", un principio que está consagrado en el marco legislativo español. Tanto Canarias como Euskadi insisten en que esta obligación atañe tanto al Gobierno central como a los gobiernos autonómicos, y su finalidad es "asegurar la cobertura de necesidades básicas y derechos fundamentales de los menores no acompañados".

Los gobiernos de ambos territorios abogan por activar un mecanismo extraordinario que garantice la distribución justa de los migrantes menores y respete sus intereses superiores, al tiempo que busca solucionar la crítica situación que viven Canarias, Ceuta y Euskadi.

Además, sostienen que es el deber del Gobierno español promover de manera eficaz la distribución equitativa de estos menores, cooperando activamente y utilizando los recursos necesarios tanto materiales como económicos. La finalidad de esta estrategia es asegurar que los niños y jóvenes migrantes tengan acceso a entornos seguros y que se adapten a sus derechos y necesidades, con la financiación correspondiente proveniente de fondos estatales y europeos, así como la coordinación entre los Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En la propuesta dirigida a sus colegas líderes regionales, Canarias y Euskadi sugieren un acuerdo de colaboración centrado en la gestión migratoria, abarcando cuatro áreas que requieren "aplicación inmediata". El primer paso es la implementación de un Plan Estratégico de Migración que contemple desde la planificación hasta la previsión de diferentes escenarios, incluyendo indicadores de evaluación y un informe económico detallado.

A este plan se sumaría el reconocimiento de Euskadi como una Frontera Norte, que ha surgido tras el cierre de la frontera decretado por el estado francés el pasado 1 de noviembre, y que exige "una mayor dotación económica para atender con dignidad a las personas en tránsito".

Asimismo, ambas comunidades proponen un reparto equilibrado y coordinado entre todas las autonomías, acompañado de un informe económico que respalde la distribución extraordinaria de los menores no acompañados. El modelo de distribución se sustentaría en cinco indicadores, tomando como referencia un esquema elaborado por el Gobierno canario y respaldado por el Ejecutivo vasco, que considera factores como la población total, el número de menores acogidos en los últimos seis meses, el PIB per cápita, la tasa de desempleo y la solidaridad demostrada en los últimos cinco años.

Como se discutió en la Conferencia de Presidentes de diciembre pasado, ambos gobiernos proponen que esta medida extraordinaria se implemente dentro de un periodo no superior a tres meses, utilizando la figura jurídica adecuada. Posteriormente, sugieren que la Conferencia Sectorial de Infancia reanude un diálogo más profundo sobre los coeficientes de distribución que se aplicarían en el futuro.

En este sentido, Clavijo ha manifestado que el propósito de esta carta enviada a los ejecutivos autonómicos es "no perder ni un minuto más" y abrir un espacio de debate para la contribución de todos los presidentes y presidentas de las comunidades y ciudades autónomas.

Coincidentemente, esta declaración se produce en un momento en el que el número de migrantes en las Islas Canarias ha experimentado un notable aumento, sumando en los últimos días 2.000 personas más, lo que ha elevado a 5.812 la cifra de menores no acompañados bajo la supervisión de la comunidad canaria.

El presidente Clavijo advirtió con firmeza que "la situación es insostenible y no podemos continuar esperando a que el Gobierno español tome la iniciativa", lo que subraya la urgencia y la necesidad de acción inmediata en esta crisis humanitaria.

La propuesta de los ejecutivos canario y vasco también enfatiza la importancia de implementar medidas a medio y largo plazo, que incluyan la "cooperación con los países de origen", en concordancia con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000 y el nuevo reglamento de extranjería. El objetivo es permitir que "niños, adolescentes y jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en sus respectivos países de origen". A su vez, se solicita que se establezcan canales para el intercambio de información sobre proyectos en marcha en los países de origen, como es el caso de 'Tierra Firme', liderado por el gobierno canario en Senegal.