Crónica Canarias.

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Canarias urge al Estado a considerar opiniones de las comunidades autónomas sobre migración

Canarias urge al Estado a considerar opiniones de las comunidades autónomas sobre migración

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha hecho hincapié en la urgencia de la crisis migratoria que enfrenta el archipiélago y en la necesidad de que el Estado tome en consideración las opiniones de todas las comunidades autónomas para abordar el traslado de migrantes mayores a otras regiones de la Península, así como el reparto de menores migrantes que llegan a las costas canarias sin acompañamiento.

En la Conferencia Sectorial de Migraciones celebrada este lunes, se discutió no solo la situación migratoria actual, sino también la planificación en la gestión y respuesta ante la llegada de inmigrantes a las costas españolas, el proyecto de modificación del Reglamento de la Ley de Extranjería y la colaboración en la inclusión de personas migrantes.

"Estamos frente a un problema estatal que requiere la colaboración de todas las instancias, ya que la solución radica en el diálogo y la escucha activa de todas las comunidades autónomas", expresó la consejera. Afirmó que la inmigración es un fenómeno estructural que España debe enfrentar como nación y que la llegada de nuevas personas al territorio supone tanto una oportunidad como desafíos en materia de servicios sociales que deben ser planificados con anticipación.

Delgado instó a un esfuerzo conjunto de todas las partes y a que la responsabilidad y el sentido común prevalezcan sobre las ideologías en la reforma de la Ley de Extranjería, que busca facilitar la acogida de menores migrantes en todo el país y que será discutida en el Congreso. Se refirió a la importancia de brindar atención, alimentación, educación y protección a los menores que llegan a las costas diariamente, así como a la necesidad de programas dedicados a los jóvenes extutelados cuando alcancen la mayoría de edad.

Según datos del Ministerio, más de 26.000 personas han llegado de manera irregular a España a través de las costas o las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla, de las cuales más de 20.000 lo han hecho a Canarias.