En una reciente declaración, el Gobierno de Canarias ha manifestado su intención de trabajar en conjunto con el partido Junts para lograr obtener los 176 votos necesarios en el Congreso de los Diputados. Este esfuerzo está relacionado con la propuesta de distribución de 4.400 menores migrantes no acompañados, de los cuales 4.000 provendrían del archipiélago canario y 400 de Ceuta, hacia el resto de las comunidades autónomas del país.

El portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, hizo estas afirmaciones durante una conferencia de prensa el pasado martes, tras una reunión sostenida entre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y diversos representantes parlamentarios que discutieron el Pacto Migratorio de Canarias. Cabello destacó el compromiso de la región por presentar una “única voz” en la búsqueda de soluciones a la crisis humanitaria que ha afectado al archipiélago durante aproximadamente 17 meses.

En la actualidad, existe un texto consensuado entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno central que será revisado en una reunión interministerial tras el Consejo de Ministros. La finalidad de esta reunión es abordar dos aspectos clave: el financiamiento para la distribución de los menores y los criterios que se utilizarán para repartirlos entre las diferentes comunidades autónomas.

El portavoz aclaró que mientras Canarias propone un modelo de distribución que prioriza el bienestar de los menores, el Gobierno de España se inclina por un sistema basado en criterios poblacionales. Esta disparidad pone de manifiesto las diferentes perspectivas que existen sobre cómo abordar este tema tan delicado.

Cabello espera que las dudas en torno a la financiación y la distribución se resuelvan en la jornada de hoy, lo que permitirá que, a principios de febrero, todas las fuerzas políticas canarias, salvo Vox, se dirijan a Madrid en un intento de conseguir el apoyo necesario en el Congreso para llevar a cabo esta distribución.

Se anticipa que la propuesta de distribución sea formulada de manera que resistiría la impugnación legal, y aunque la forma en que se presente podría ser a través de un decreto ley o como proposición de ley, se considera que la urgencia del asunto hace que la opción del decreto ley sea más viable, según los planteamientos del Gobierno canario.

Cabello también hizo hincapié en la necesidad de reunir los 176 votos que se requieren para llevar a cabo esta iniciativa. En este contexto, cada partido político deberá manifestar su postura cuando llegue el momento de presentar la propuesta en el Congreso.

En este mismo orden de ideas, Cabello ha mantenido conversaciones con miembros de Junts para avanzar en busca de apoyo para el texto, recibiendo hasta el momento una respuesta positiva en términos de intención de colaboración por parte del partido catalán, a pesar del complicado escenario político que enfrenta España.

A pesar de la tensión política general, el portavoz reafirmó la importancia de no rendirse y continuar trabajando para una redistribución efectiva que alivie la situación crítica actual en Canarias.

Cuando se le inquirió sobre si la necesidad de colaboración con Junts insinuaba que el apoyo del Partido Popular (PP) estaba perdido, Cabello fue categórico en afirmar que no se dan por vencidos con ninguna fuerza política, destacando que el PP en Canarias está igualmente comprometido con esta solución.

Por su parte, Luz Reverón, portavoz del Partido Popular en Canarias, reconoció la labor de Clavijo en la gestión de la crisis migratoria, pero lamentó que el Gobierno español no haya avanzado en la distribución de menores desde hace un año, ni esclarecido los criterios ni la financiación necesaria para ello.

Reverón insistió en que el Gobierno de España no ha querido abordar el tema del financiamiento, lo que ha sido perjudicial para la calidad de vida que se puede ofrecer a estos menores, no solo en Canarias, sino en el conjunto del país.

La portavoz del PP rechazó la idea de que su partido esté poniendo obstáculos y reiteró su posición de buscar una distribución equitativa de los menores entre todas las comunidades autónomas, así como una adecuada financiación y un despliegue de Frontex en las fronteras para un mejor control migratorio.

Sin embargo, el portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias, Sebastián Franquis, observó que el PP se autoexcluyó de las negociaciones al votar en contra de varias propuestas, criticando su utilización de la financiación como una excusa para faltar a la mesa del diálogo.

Franquis enfatizó que la financiación no debería ser un punto de discordia, ya que el Gobierno central está dispuesto a colaborar en el financiamiento necesario si se toman decisiones solidarias en este sentido.

Además, consideró significativo el próximo encuentro que se celebrará con los grupos políticos en el Congreso, en el que tanto Clavijo como el ministro Ángel Víctor Torres estarán presentes junto a la Junta de Portavoces del Parlamento canario.

Desde el seno del Grupo Nacionalista, José Miguel Barragán valoró positivamente los esfuerzos para avanzar en la distribución de menores, aunque subrayó que es crucial no desviar la atención de la modificación de la Ley de Extranjería, lo que también se debe fomentar en paralelo.

En relación a la búsqueda de apoyos, Barragán subrayó la importancia de no desestimar al PP, que colabora en el gobierno de Canarias, señalando la necesidad de que esta fuerza política esté a la altura de las circunstancias en esta cuestión tan crítica.

Por otro lado, Luis Campos, portavoz de Nueva Canarias, culpó en gran parte al PP por los fracasos en la gestión de la distribución de menores, sugiriendo que si esta acción se lleva a cabo sin la participación del PP, es probable que el partido emprenda acciones legales en las comunidades donde tiene poder.

Finalmente, Jesús Ramón Ramos Chinea, diputado de Agrupación Socialista Gomera, aplaudió el trabajo realizado por los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias para elaborar un texto que sea considerado en las Cortes y asegure una solución efectiva al reparto de los menores migrantes, destacando la falta de recursos en el archipiélago para atender a esta población vulnerable.