
En Las Palmas de Gran Canaria, Manuel Miranda, consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, dio a conocer el lanzamiento de una campaña antincendios el lunes. La campaña busca concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de reportar incendios en las masas forestales del archipiélago al 112 durante una "completa sequía". Miranda destacó que la precipitación ha sido solo del 30% de lo habitual, creando condiciones para potenciales grandes incendios que podrían escapar de control.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del Ejecutivo canario, Miranda instó a los ciudadanos a cumplir con las restricciones del verano, como evitar hacer fuego y controlar el acceso a zonas peligrosas. También solicitó una vigilancia extrema para detectar posibles focos de incendio y llamó a la rápida comunicación al 112 ante cualquier señal de fuego.
Una campaña en medios de comunicación y redes sociales pedirá la colaboración ciudadana debido a su importancia. Cuando se llama al 112, se espera que la información sea precisa y detallada, proporcionando la ubicación exacta del conato, riesgos para la vida y características del incendio.
En lo que va de 2024, el 112 ha recibido 800 llamadas relacionadas con unos 40 conatos, todos resueltos correctamente gracias a la cooperación ciudadana. Los conatos con más llamadas fueron en abril, el 14 de julio en El Rosario (Tenerife) y en junio en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).
Canarias ha estado en prealerta y ahora está en alerta debido a la activación el pasado fin de semana por la ola de calor. Durante este tiempo se han registrado cinco conatos de incendio que han sido controlados con eficacia con la acción de medios terrestres y aéreos.
Actualmente, Canarias cuenta con 1.450 efectivos, 174 vehículos, 18 recursos aéreos y 17 helicópteros para combatir incendios. A pesar de la efectividad de los helicópteros, se ha planteado la posibilidad de enviar helicópteros de mayor capacidad para verter una mayor cantidad de agua.
El Gobierno de Canarias tiene la intención de actuar legalmente contra presuntos pirómanos, ya que consideran que la protección del medio ambiente es una responsabilidad fundamental del ejecutivo. Están comprometidos a defender el entorno natural y tomar medidas legales en consecuencia.
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