Canarias aprueba un decreto por 29,8 millones para mitigar efectos de la guerra en Oriente Medio
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado un decreto ley de medidas urgentes dirigido a hacer frente a las consecuencias económicas derivadas del conflicto en Irán, con una inversión total de 29,8 millones de euros. La normativa, que entrará en vigor el 7 de abril, busca estabilizar los precios de productos energéticos y aliviar la carga fiscal en sectores clave, en un contexto de creciente incertidumbre internacional y presiones inflacionarias.
La aprobación de este paquete legislativo refleja la respuesta del Ejecutivo regional ante la escalada de los costes energéticos y las dificultades económicas que enfrentan tanto familias como empresas en las Islas. En un escenario donde las tensiones internacionales en Oriente Medio impactan en los precios globales de combustibles y recursos, las administraciones autonómicas deben coordinar acciones para mitigar los efectos, en paralelo a las medidas que adopta el Estado central, que todavía están en proceso de implementación y evaluación.
El decreto contempla la aplicación temporal del tipo cero del IGIC en productos energéticos, incluyendo combustibles, gas, biomasa y leña, con un coste estimado de 14,1 millones de euros anuales. Además, se incrementa hasta el 99% la devolución del Impuesto Especial sobre combustibles para agricultores y transportistas, con un impacto de 19,4 millones anuales. Estas medidas buscan reducir la carga fiscal y frenar la escalada de precios en un mercado altamente volátil.
Desde una perspectiva política, esta iniciativa evidencia la voluntad del Ejecutivo canario de responder de manera autónoma ante la situación, en un momento en que el Gobierno central aún no ha definido un paquete de ayudas específico para las comunidades autónomas. La aprobación del decreto también refleja la necesidad de actuar con urgencia para proteger a los sectores más vulnerables y mantener la estabilidad económica de las islas.
En el ámbito de la política regional, estas medidas se enmarcan en una estrategia más amplia de apoyo económico, que incluye también la mejora de la infraestructura sanitaria y la promoción de la accesibilidad universal en Adeje, con una inversión adicional de 60.000 euros para el desarrollo de un plan inclusivo. La coordinación entre diferentes áreas del Gobierno regional apunta a fortalecer la cohesión social y la resiliencia ante la incertidumbre global.
En un contexto de creciente presión internacional y de desafíos económicos derivados de conflictos en regiones clave, las administraciones locales en Canarias deben continuar adaptando sus políticas para garantizar la estabilidad social y económica, en un marco de colaboración con el Estado y la Unión Europea.