LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 3 de noviembre.

En una reciente reunión, el Consejo de Gobierno ha decidido regularizar oficialmente cinco granjas ganaderas ubicadas en distintos puntos de las islas, concretamente en San Sebastián de La Gomera, Garafía (La Palma), Moya (Gran Canaria), Candelaria y El Rosario (Tenerife).

Estas explotaciones agrupan un total de 1.039 animales, que incluyen 957 cabras, 38 ovejas, 29 vacas, 13 caballos y 2 cerdos, demostrando así la diversidad del sector ganadero en Canarias.

En el contexto de un ambicioso plan de regularización que está implementando el gobierno canario, se ha dado luz verde a la actividad y a las infraestructuras correspondientes para un total de 23 granjas durante el año 2025, siguiendo el protocolo establecido por la Ley 6/2009, que busca impulsar el desarrollo territorial y el turismo en la región.

Este avance en la gestión de autorizaciones, promovido por la Dirección General de Ganadería, es un impulso claro para sectores estratégicos del ámbito primario en Canarias, tales como la producción de lácteos y quesos, la cría de gallinas para la producción de huevos, y la producción de carne de cerdo y oveja. También se incluye, aunque de manera más limitada, la actividad ecuestre.

Las mencionadas granjas están registradas en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA), según lo documentado en un informe elaborado por GMR Canarias que incluye un análisis comparativo mediante fotografías aéreas.

Es relevante señalar que las infraestructuras de estas explotaciones fueron construidas después de la implementación de la Ley 9/1999 de Ordenación del Territorio de Canarias, lo que permite la aplicación de la disposición final tercera de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

Dicha normativa da facultades al Gobierno para, en coordinación con los departamentos relevantes en las áreas de planificación territorial y medio ambiente, aprobar la legalización tanto territorial como ambiental de las instalaciones ganaderas que operan sin los permisos administrativos exigidos, siempre que estas fueron edificadas antes de la vigencia de la Ley de Ordenación del Territorio en Canarias.

Por último, la resolución del Consejo de Gobierno establece que las instalaciones deberán cumplir con requisitos en aspectos sanitarios, ambientales, funcionales, estéticos y de bienestar animal, los cuales deberán ser atendidos para lograr la legalización en un plazo de dieciocho meses a partir de la notificación, con posibilidad de extensión de hasta nueve meses adicionales.