El informe más reciente sobre la situación financiera de las comunidades autónomas muestra un panorama optimista en términos de déficit, con excepciones notables. Según los datos recopilados por el Observatorio de Derecho Público IDP Barcelona, la mayoría de las regiones han logrado reducir su déficit al finalizar 2024, a excepción de las Islas Baleares y Euskadi, que se resienten aún de una carga económica considerable.

El estudio, dirigido por académicos de renombre como Javier García Roca y Ana Carmona, revela que la suma total del déficit de todas las comunidades se ha situado en un modesto 0,1% del Producto Interior Bruto (PIB), contrastando fuertemente con el 0,92% registrado en 2023. Este resultado se obtuvo sin considerar el impacto financiero de la reciente dana a finales de octubre, cuyos gastos fueron en gran parte absorbidos por la administración central.

El análisis económico detalla que la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia son las únicas comunidades que han cerrado el año con un déficit que supera el 1% del PIB. En cifras absolutas, el déficit más alarmante pertenece a la Comunitat Valenciana, que exhibió un desfase de 2.700 millones de euros, seguida de Cataluña con 1.200 millones y un déficit similar en Madrid y Euskadi, que rondaron los 500 millones. Murcia, por su parte, ha quedado por debajo de esta cifra, mientras que La Rioja registró un saldo casi imparcial.

Por el contrario, comunidades como Andalucía y Canarias emergen del año con un superávit significativo, destacándose Andalucía con más de 1.500 millones de euros de excedente, lo que refleja una gestión económica eficiente por parte de estas regiones. Otros territorios como Extremadura, Navarra y Asturias también han reportado cifras positivas, aunque en menor medida.

Al aplicar el criterio de porcentajes en relación al PIB, la Comunitat Valenciana nuevamente presenta el mayor déficit, alcanzando un preocupante 1,88%, seguida de cerca por la Región de Murcia con un 1,11%. Euskadi y Cataluña, aunque en mejor posición, siguen sufriendo con un 0,63% y 0,41%, respectivamente. En el extremo opuesto, Extremadura cierra con un superávit impresionante de 1,59% según el PIB, marcando un ejemplo a seguir en cuanto a sostenibilidad financiera se refiere.

El informe concluye que, aunque el déficit global de las comunidades ha alcanzado los 1.925 millones de euros en 2024, el contraste con los superávits de los ayuntamientos, que sumaron 6.520 millones, es significativo. Además, se destaca un crecimiento en los recursos no financieros y en los ingresos tributarios, lo que sugiere una vigorosa dinámica económica a pesar de los desafíos que enfrentan ciertas autonomías.

Finalmente, el déficit de la Administración General del Estado se estima en 46.292 millones de euros, resultado de una serie de gastos extraordinarios, incluidos los destinados a compensar las secuelas de la dana. Esto pone de relieve tanto los esfuerzos en apoyo a las comunidades como el contexto financiero en el que se desenvuelven, revelando una realidad compleja que requiere atención y medidas efectivas por parte de los gestores públicos.