Camineras de piso en Canarias anuncian huelga general en España por precariedad laboral
Camareras de piso en Canarias anuncian huelga general en España para exigir regulación laboral y mejoras en sus condiciones, ante el deterioro en salud y derechos.
La Asociación de Camareras de Piso de Canarias ha decidido, por unanimidad, solicitar la convocatoria de una huelga general en toda España. La movilización busca exigir la regulación de la subcontratación, la prejubilación y el derecho a la jubilación parcial. Además, pretenden mejorar las condiciones laborales del colectivo.
Este colectivo denuncia que sufre enfermedades profesionales como túnel carpiano, hernias y lumbalgias, junto con cuadros de estrés y ansiedad. La asociación advierte que un alto porcentaje de incapacidad temporal se atribuye a estas condiciones, considerándolas un reflejo del absentismo laboral inducido por las condiciones laborales precarias.
El movimiento también solicita modificaciones en la ley canaria de turismo, especialmente en aspectos ergonómicos, como camas elevables y carros motorizados manejables. Además, exigen prohibir la externalización de servicios en todas las provincias y reducir la jornada para mayores de 58 años sin pérdida salarial, además de bonificaciones en la Seguridad Social para la prejubilación.
Las camareras demandan mayor rigor por parte de la Inspección de Trabajo. Critican la inacción ante las infracciones laborales, lo que, en su opinión, favorece el pago de incapacidades permanentes y enriquece a las mutuas. La protesta refleja el creciente malestar en un sector clave para la economía turística de Canarias.
El contexto político actual en España, marcado por debates sobre la reforma laboral y condiciones de trabajo en sectores vulnerables, ha impulsado a este colectivo a tomar medidas de presión. La iniciativa busca poner en la agenda pública los problemas que afectan a un sector que emplea a miles en las islas.
De cara al futuro, la movilización podría abrir un debate sobre las políticas laborales en el sector turístico y la protección social de las empleadas. La respuesta de las autoridades y los sindicatos será determinante para definir posibles avances en la regulación laboral y en la protección de la salud laboral.