En Tenerife, el Cabildo ha dado luz verde este viernes a la implementación del denominado 'céntimo forestal', un incremento de un céntimo por litro de combustible que busca financiar iniciativas de preservación ambiental. Esta medida ha contado con el respaldo de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), mientras que el PSOE y Vox han expresado su desacuerdo.

El vicepresidente Lope Afonso ha criticado las objeciones planteadas por el PSOE, recordando que en esta legislatura han sido numerosas las alzas impositivas provenientes del Gobierno central, las cuales han afectado especialmente a los autónomos. Además, ha señalado la intención del gobierno insular de introducir una ecotasa que impactaría a los residentes, lo que subraya la urgencia de establecer mecanismos de financiación para proyectos ecológicos.

Afonso también hizo hincapié en que la mayoría de los partidos, incluido en Gran Canaria, respaldan esta medida. Desestimó las quejas provenientes del municipio de Santiago del Teide, gobernado por el PP, al observar que la política permite la disidencia en lugar de ser un régimen autoritario.

Por su parte, Juan Carlos Pérez Frías, director insular de Hacienda, defendió la legalidad de la modificación y admitió que varios ayuntamientos habían presentado alegaciones, aunque fuera del plazo correspondiente. Esto subraya un posible descontento en algunos sectores locales ante la medida adoptada.

José Miguel Ruano, portavoz de CC, afirmó que el expediente que acompaña al nuevo recargo "es contundente y bien fundamentado". Reiteró su oposición a la aplicación de una tasa por pernoctaciones, diferenciando esta estrategia de la propuesta de ecotasas destinadas a la protección de áreas naturales.

Ruano añadió que el enfoque del Cabildo busca asegurar que el turismo, fundamental para la economía insular, pueda coexistir con la conservación de los espacios naturales, algo que considera esencial para el futuro de Tenerife.

Aarón Afonso, del PSOE, calificó el 'céntimo forestal' como un impuesto "innecesario e injusto". Criticó el hecho de que los ciudadanos tinerfeños deban aportar cerca de cinco millones de euros al año cuando a su juicio, se han detraído significativos fondos destinados a la protección ambiental. Cuestionó la necesidad de este nuevo gravamen dado el contexto de austeridad en que se encuentra la gestión pública.

El representante socialista también advirtió que, a partir de noviembre, será más costoso para los tinerfeños llenar sus vehículos, lo que va en contra de las promesas de CC y PP de reducir el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) del 7% al 5%.

Desde Vox, Naím Yanez condenó esta iniciativa, tildándola de "expolio" hacia la población local. Argumentó que esta tasa solo añade una carga más sobre los ciudadanos, quienes ya enfrentan restricciones provenientes de normativas impuestas desde la Comisión Europea que limitan la soberanía de las naciones, además de las tasas locales que se suman a la presión fiscal general.