La Fiscalía ha señalado al exdiputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como 'Tito Berni', como la figura clave detrás de una posible red de corrupción que, según afirman, no habría tenido éxito sin su intervención.

El caso en cuestión, relacionado con el 'caso Mediador', ha llevado a los fiscales a solicitar un año de prisión para Fuentes Curbelo, así como la apertura de un juicio en su contra por cohecho. Este informe ha sido enviado al Juzgado de Instrucción Número 4 y ha sido publicado por diversas fuentes, incluyendo Europa Press.

Además del exdiputado, también se han presentado solicitudes de penas para otros implicados. El mediador Marco Antonio Navarro Tacoronte enfrenta una petición de cuatro años de cárcel por estafa y cohecho, mientras que el empresario Antonio Bautista podría recibir un año de prisión. Taishet Fuentes, sobrino de Fuentes Curbelo y exdirector general de Ganadería, también se enfrenta a cuatro años por cohecho y estafa.

El origen de esta trama se sitúa en agosto de 2020, cuando Bautista contactó a Navarro Tacoronte, quien se presentaba como una persona influyente dentro del Gobierno de Canarias, con el objetivo de establecer su negocio de energía solar en las islas.

Según la Fiscalía, el mediador le ofreció la posibilidad de obtener ventajas fiscales mediante pagos de dinero y otras favores. Se documentaron transacciones de 2.000 euros cada una que pasaron por las cuentas de su pareja e hija al inicio de septiembre.

Las autoridades afirman que Navarro Tacoronte engañaba a los empresarios, haciéndoles creer que sus donativos asegurarían lucrativos contratos gracias a su influencia, en la que Fuentes Curbelo desempeñaba un papel fundamental.

El exdiputado, con su presencia, generaba confianza entre los empresarios, organizando incluso visitas al Congreso para demostrar su supuesta capacidad de influencia y venderles sus promesas de éxito en futuros proyectos.

Un patrón similar se siguió con Francisco Espinosa Navas, un General de División de la Guardia Civil, quien también facilitó reuniones entre empresarios y colaboradores dentro de las instalaciones de la Guardia Civil en Madrid.

En una reunión celebrada el 23 de septiembre de 2020, Bautista pagó 25.000 euros para cubrir sobornos y otros gastos demandados por los acusados. Al día siguiente, hizo otra transferencia de 10.000 euros a un club deportivo que dirigía Fuentes Curbelo.

La Fiscalía destaca que estos pagos eran una exigencia común para aquellos que deseaban recibir favores por parte de los implicados, especialmente del exdiputado, quien consideraba estas contribuciones esenciales para operar su red de influencias.

Fuentes Curbelo también ayudó a Bautista identificando empresarios ganaderos en Fuerteventura para facilitar la venta de energía solar. Taishet Fuentes, por su parte, recibía instrucciones de su tío para coordinar visitas y promover oportunidades de negocio.

La Fiscalía sostiene que Taishet también asistía a los empresarios, presentando soluciones a problemas administrativos, aunque era consciente de que no tenía capacidad para resolver esos asuntos.

A medida que Bautista quedaba atrapado, continuaron surgiendo más pagos, incluyendo sumas de 3.000 euros en octubre de 2020 y un gasto de cena un año después. Taishet Fuentes también logró que Bautista le enviara 400 euros a través de Bizum en diciembre de 2022.

Bautista llegó a presentar varios proyectos de energía fotovoltaica a ganaderos, mientras que Navarro Tacoronte y Taishet prometían actuar en su favor, pese a saber que sus gestiones no tendrían éxito sin las aportaciones económicas requeridas.

A uno de los ganaderos se le ofreció una reclasificación "sostenible" a cambio de una comisión, a pesar de que la situación legal de su explotación no podía modificarse. En una cita en un hotel, le pidieron 200.000 euros, de los cuales sólo abonó 6.600 euros.

Posteriormente, el empresario se quejó al mediador sobre la falta de respuesta, recordándole que había pagado por un servicio que no se cumplía, manifestando su intención de hablar con las autoridades sobre su situación.

Este mismo modus operandi se repitió con otros ganaderos, incluida una solicitud de 30.000 euros a uno que había perdido una subvención, que finalmente no realizó el pago.