La Fiscalía Anticorrupción remitió cinco contratos por un importe conjunto de 15,3 millones de euros al Fiscal Europeo (EPPO) en el marco del llamado 'caso Koldo', los cuales fueron firmados con los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias. Se sospecha que estos contratos fueron abonados con fondos europeos, lo que los convierte en competencia del organismo comunitario.

MADRID, 27 Feb.

La querella presentada por la Fiscalía detalla que el Servicio Canario de Salud adjudicó cuatro contratos a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL entre abril y mayo de 2020. Entre ellos se contempla la adquisición de mascarillas KN95 y FFP2 por un importe de 2,095,018 euros, transporte de mascarillas por 447,061 euros, y suministro de mascarillas FFP2 y KN95 por montos de 4,7 millones y 5 millones de euros respectivamente.

Por otro lado, el Servicio de Salud de Illes Baleares firmó un contrato en mayo de 2020 por 3,7 millones de euros para la entrega de mascarillas FFP2. Ante esto, la Fiscalía Anticorrupción ha enviado documentación a la Fiscalía Europea, pero esta última se ha abstenido de realizar comentarios sobre investigaciones en curso.

Las delegaciones del PP y de Ciudadanos en el Parlamento Europeo solicitaron a la Fiscalía Europea investigar posibles comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia, que podrían haber afectado a los fondos de la Unión Europea destinados a ayudar a los gobiernos durante la crisis del coronavirus. Cabe destacar que el caso Koldo continúa siendo investigado por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción.

La querella presentada por el Ministerio Público destaca que varios contratos fueron adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL, vinculada a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos. Estos contratos fueron otorgados por entidades como Puertos del Estado, ADIF y el Ministerio del Interior, y algunos de ellos estaban relacionados con suministros de material sanitario para hacer frente a la pandemia de COVID-19.

En particular, se menciona un expediente adjudicado por Puertos del Estado por 20 millones de euros, otro por ADIF por 12,5 millones de euros, y un tercero por la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial por 3,4 millones de euros, todos en relación con la adquisición de material sanitario en el contexto de la crisis sanitaria. La Fiscalía Europea está revisando la documentación enviada por la Fiscalía Anticorrupción para determinar si estos contratos implican un uso indebido de fondos europeos.