El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo, ha manifestado su preocupación por la falta de progreso en la construcción de la Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife, calificando la situación de "exasperante" en un contexto donde la lentitud del Gobierno de Canarias se torna evidente. Lorenzo aclara que este inconveniente no se debe exclusivamente a la actual Consejería, sino que es un problema que ha persistido durante años.

Durante su presentación de la memoria anual ante el Parlamento, Lorenzo destacó la crítica situación que enfrentan los órganos judiciales en Tenerife, enfatizando la urgente necesidad de soluciones para los juzgados especializados en violencia de género, que operan en condiciones que los considera "indignas", tanto por la falta de personal como por la ausencia de espacios que garanticen la privacidad de quienes sufren estas violencias.

El presidente del TSJC expresó su desconcierto ante la ausencia de una tercera unidad judicial en la capital tinerfeña, calificando esta omisión como "inexplicable". Asimismo, lamentó la tardanza en adecuar el 'Edificio Auditorio', recinto que podría concentrar todos los órganos jurisdiccionales dispersos por la ciudad. Desafortunadamente, anticipó que este espacio no estará operativo hasta al menos 2027 o 2028, algo que calificó de "retraso inaceptable".

Lorenzo reconoció las dificultades que presenta el urbanismo de Cabo Llanos, pero subrayó que la demora para la construcción de la Ciudad de la Justicia no tiene justificación. Es por ello que propuso la creación de un sólido plan de infraestructuras judiciales que abarque no solo Santa Cruz, sino también localidades como Puerto del Rosario, La Palma, San Bartolomé de Tirajana y La Orotava. Además, abogó por la unificación de partidos judiciales en ciertas áreas para optimizar recursos.

El presidente del tribunal también señaló la preocupante "elevada tasa de litigiosidad" que coloca a Canarias a la cabeza de España, con 212 casos por cada 1.000 habitantes, lo que considera reflejo de la complejidad que enfrenta el archipiélago. Recalcó la confianza que la ciudadanía tiene en el sistema judicial, aunque advirtió que hace frente a un "desafío estructural" con un incremento del 13,9% en los casos registrados, sumando casi 476.000, de los cuales más de 340.000 han sido resueltos.

Más de un 60% de los juzgados en Canarias se encuentran en un estado de saturación, una realidad alarmante que evidencia la presión sobre el sistema. En el ámbito civil, se registraron en 2024 219.059 asuntos, un aumento del 16% respecto al año previo. En el ámbito penal, el incremento fue del 7,3%, con 203.803 nuevos casos, y en la jurisdicción contencioso-administrativa, el incremento se disparó hasta un 115,3% con 19.970 casos abiertos.

Lorenzo también criticó las "inaceptables" demoras en los institutos de medicina forense, específicamente en relación con la entrega de informes, situación atribuida a la falta de personal. Se comprometió a que toda la comunidad judicial se involucre en la implementación de la ley de eficiencia, reconociendo que el "modelo decimonónico" de la justicia requiere una modernización urgente.

Como parte de su discurso, Lorenzo insistió en la necesidad de firmar un 'Pacto Canario por la Justicia', una demanda que ha vuelto a resurgir un año después por parte del Grupo Socialista, que anunció su intención de presentar una Proposición No de Ley en el Parlamento con este fin. Lorenzo destacó que los progresos en el ámbito de la justicia son escasos, apuntando que los recursos, tanto humanos como materiales, son insuficientes, y que, a pesar del presupuesto autonómico que roza los 200 millones de euros, este apenas sigue el ritmo de la inflación.

Un ejemplo de los retos en la modernización del sistema judicial mencionado por Lorenzo fue el proyecto piloto del Juzgado Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria que aborda los casos de violencia infantil y juvenil, un problema que califica como "lacra de primera magnitud". Aboga por un enfoque integrado, promovido por el juez Tomás Martín, que ha derivado en un aumento de las denuncias, evidenciando un "problema sistémico" que requiere atención urgente, a pesar de que solo se prevé la creación de tres secciones especializadas en toda España, sin ninguna en Canarias.

Finalmente, Lorenzo solicitó el apoyo del Parlamento para conmemorar el quinto aniversario de la Real Audiencia de Canarias, un hito significativo en la historia del derecho en el país, al ser el primer tribunal establecido en España fuera de la Península Ibérica.