En noviembre de 2023, la situación en el Puerto de Las Palmas de Gran Canaria tomó un giro preocupante tras un incidente vinculado a un buque pesquero de bandera camerunesa. El buque, conocido como 'Marshal Krylov', fue sancionado drásticamente con una multa de 250.000 euros por derramar aproximadamente 200 litros de fuel en el mar, un acto que pone en tela de juicio la responsabilidad de la industria pesquera en la preservación del medio ambiente.

Este miércoles, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible comunicó que la sanción se desglosa de la siguiente manera: 200.000 euros correspondientes al vertido en sí, y 50.000 euros adicionales por el incumplimiento de la obligación de notificar el incidente de forma oportuna. Este tipo de negligencia no solo representa una falta administrativa, sino también un peligro significativo para la vida marina y la salud de nuestras costas.

Pero eso no es todo. La resolución indica que los responsables de este acto deberán además cubrir los gastos derivados de las tareas de limpieza de las aguas afectadas, los cuales serán gestionados por la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR). Es imperativo que quienes operan en nuestro mar comprendan que sus acciones tienen consecuencias directas sobre el medio ambiente y deben asumir la responsabilidad plena por ellas.

El derrame se registró el 12 de noviembre de 2023, durante un proceso de trasiego de combustible entre tanques. La investigación posterior ha revelado que se cometieron serias negligencias en la ejecución de estas operaciones. Este tipo de incidentes pone de relieve la necesidad de un estricto cumplimiento de las normativas existentes para prevenir la contaminación marina y proteger nuestro patrimonio natural.

En respuesta al derrame, la Capitanía Marítima tuvo que activar el Plan Marítimo Nacional en situación 1, junto con el Plan Interior Marítimo del Puerto de Las Palmas. Se llevó a cabo un operativo de control y limpieza que, afortunadamente, limitó la contaminación a las aguas portuarias. Sin embargo, este despliegue de recursos humanos y tecnológicos es un recordatorio de la fragilidad de nuestros ecosistemas acuáticos y la urgencia de adoptar medidas preventivas más rigurosas.

Finalmente, tras el proceso de inspección correspondiente, la Capitanía Marítima de Las Palmas no dudó en iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra la compañía naviera, el capitán del buque y el asegurador implicados. Con la conclusión de este procedimiento, los responsables han procedido al pago de las sanciones, aunque queda la duda sobre si esto será suficiente para disuadir futuros incidentes de esta naturaleza que ponen en riesgo nuestro entorno marino.