SANTA CRUZ DE TENERIFE, 3 de abril.

Este jueves, el Ejecutivo español y el gobierno canario han llegado a un acuerdo para cumplir con el fallo del Tribunal Supremo, lo que implica la transferencia de 1.008 menores migrantes que han solicitado asilo desde Canarias al sistema de acogida estatal.

Tras una reunión interministerial en Tenerife, tanto el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, como el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, han señalado la importancia de abordar cada caso de forma individual, dado que cada situación es única.

El ministro Torres ha afirmado que el Gobierno de España actuará conforme a la decisión del Supremo, comprometiéndose realizar las reuniones necesarias con la comunidad autónoma para garantizar que el interés superior del menor sea la prioridad en este proceso.

Además, Torres ha enfatizado que el fallo del Tribunal Supremo es crucial para proteger los derechos humanos y los derechos de los niños, así como para hacer frente al hacinamiento que sufren estos menores en Canarias.

La administración central se compromete a adoptar el fallo del Tribunal Supremo, lo que permitirá que los menores solicitantes de asilo se integren en el Sistema Nacional de Acogida. Posteriormente, se llevará a cabo una coordinación con el gobierno canario para estudiar cada caso y determinar quiénes tienen raíces en las Islas y quiénes pueden ser trasladados a otros lugares de España.

El ministro ha aclarado que el fallo no exige que los menores permanezcan en un lugar específico, sino que deben ser parte del Sistema Nacional de Acogida, y se ha reafirmado en el compromiso de acatar esta decisión.

En resumen, Torres ha descrito la reunión como "productiva", reconociendo que existen diferencias legales entre ambos gobiernos, pero con el objetivo común de ofrecer una respuesta humanitaria a los menores en situación de vulnerabilidad en Canarias.

Sobre la posible inclusión de más menores solicitantes de asilo en el decreto de derivación, el ministro ha subrayado que ambas cuestiones son complementarias y ha insistido en la necesidad de una coordinación efectiva entre ambas administraciones para atender adecuadamente a los menores.

Torres ha manifestado que trabajarán conjuntamente con el gobierno canario para establecer los acuerdos necesarios, teniendo en cuenta que algunos de estos menores ya están escolarizados o trabajando en las Islas y desean continuar allí. Ha advertido que es crucial convalidar el Real Decreto Ley, ya que la falta de su aprobación podría dejar a 4.000 menores en Canarias sin una solución clara.

Por su parte, el presidente canario, Fernando Clavijo, ha elogiado la labor de las administraciones para garantizar el interés de los menores y ha mencionado el esfuerzo de los servicios jurídicos de la comunidad en la solicitud de medidas cautelares que han marcado un punto de inflexión en la discusión sobre la acogida de menores migrantes.

Clavijo ha enfatizado que en la reunión se discutió la necesidad urgente de que estos menores sean incluidos en el sistema de protección internacional del Estado, asegurando que este mensaje ha quedado claro.

El presidente ha indicado que el proceso ahora tomará un enfoque más técnico con reuniones aceleradas para que, antes del 9 de abril, se coordine la transición de estos menores al sistema de protección internacional, abordando así el reto del hacinamiento en las Islas.

En relación a la posibilidad de que algunos menores permanezcan en Canarias tras ingresar al Sistema Nacional, Clavijo ha señalado que deben considerarse las circunstancias individuales y que esta decisión dependerá de si se resuelve el problema del hacinamiento, que hasta el momento sigue abierto.