El Parlamento aprueba la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones a pesar del rechazo de PSOE y NC-BC.
El diputado Sebastián Franquis ha expresado su desconcierto ante la prisa del Gobierno en aprobar el decreto-ley de bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones en Canarias, señalando que solo va a beneficiar a unas 6.700 personas, lo que representa solo el 0,3% de la población total.
El Pleno del Parlamento de Canarias ha convalidado el decreto-ley con los votos en contra del PSOE y NC-BC. Sin embargo, también ha descartado su tramitación como proyecto de ley.
La consejera de Hacienda, Matilde Asián, ha defendido la necesidad "extraordinaria y urgente" de convalidar el decreto debido a la inflación que vive España. Según ella, esta medida mejorará la presión fiscal que las familias tienen que soportar.
Asián ha afirmado que el sistema de bonificación es justo y progresivo, permitiendo que todas las personas contribuyan de acuerdo a sus capacidades económicas.
En virtud de este decreto-ley, Canarias bonifica el 99,9% del impuesto de sucesiones y donaciones, volviendo a la situación tributaria de 2019.
El diputado del Grupo Mixto (AHI), Raúl Acosta, ha comentado que esta medida alivia la carga fiscal de las familias y autónomos en Canarias, donde muchas personas tienen dificultades para hacer frente a las herencias, especialmente en el caso de los inmuebles, que ya han sido gravados de diferentes formas.
Por su parte, Melodie Mendoza de ASG ha destacado que esta medida refuerza los derechos de todos los canarios y ayuda a las familias en un momento de alta inflación. Según ella, es injusto que alguien tenga que pedir un crédito para disfrutar de su patrimonio familiar.
Nicasio Galván, portavoz de Vox, ha criticado el impuesto de sucesiones y donaciones, calificándolo como injusto y confiscatorio. Según él, este impuesto castiga el esfuerzo individual y es un claro ejemplo de la voracidad confiscatoria del gobierno.
Galván ha señalado que el impuesto es discriminatorio y va en contra de la prioridad privada y del progreso. Además, no entiende por qué se penaliza a una persona que ha trabajado toda su vida para dejar un legado familiar. En este sentido, ha pedido que se deje de meter las manos en los bolsillos de las familias.
A pesar de su oposición al impuesto, Galván ha criticado que se apruebe la bonificación a través de un decreto-ley y ha pedido que se tramite como proyecto de ley para permitir la participación de los grupos parlamentarios en su elaboración.
Por su parte, Esther González de NC-BC ha señalado que la bonificación solo beneficia al 0,3% de la población, es decir, a aquellos que reciben herencias por más de 1,2 millones de euros. González considera que este decreto-ley atiende al interés particular de algunos privilegiados y vulnera el principio de progresividad fiscal. Además, estima que esta medida costará a los canarios alrededor de 80 millones de euros al año.
La diputada ha cuestionado la prisa del Gobierno por bonificar el impuesto, argumentando que no va a ayudar a reducir la inflación ni a mejorar la economía. En este sentido, ha vinculado esta medida con un intento de desviar la atención del incumplimiento del pacto de Gobierno de no bajar el IGIC.
Fernando Enseñat del PP ha afirmado que el Gobierno está cumpliendo con su palabra al eliminar un impuesto injusto que ha obligado a muchas familias a renunciar a las herencias. Según él, esto ha afectado a unas 2.000 personas solo en 2022, y no solo debido a las deudas.
Enseñat ha criticado el afán recaudatorio del Gobierno anterior, especialmente en medio de la crisis económica provocada por la pandemia. Además, ha desmentido que este impuesto solo sea pagado por los ricos, ya que después de su recuperación, la recaudación se disparó un 131% en 2022.
El portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, ha afirmado que los beneficios fiscales del Gobierno en 2022 ascendieron a 1.984 millones de euros y la comunidad no se ha venido abajo ni se han cerrado los servicios públicos.
Barragán ha resaltado que para 2023, se espera una cifra aún mayor de beneficios fiscales, superando los 2.300 millones de euros. En cuanto al impuesto de sucesiones y donaciones, este representa un poco más de 280 millones de euros, por lo que ha calificado de falso el argumento de que se estén poniendo en juego los servicios básicos. Según él, las políticas esenciales se seguirán realizando.
El portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, no entiende la urgencia del decreto-ley, ya que solo beneficia al 0,3% de la población, es decir, unas 6.700 personas. Franquis se pregunta si estas familias no llegan a fin de mes y agrega que no sabe cuáles son las prisas, quizás sea un compromiso electoral.
Franquis ha reprochado a Asián que no presente datos económicos que justifiquen la bonificación. Además, ha mencionado que esta medida no ayuda a reducir la inflación, como tampoco ha ocurrido en otras comunidades autónomas como Andalucía y Madrid.
El diputado ha asegurado que la disminución de la recaudación afectará a los servicios públicos y ha señalado que las renuncias a herencias han aumentado debido al incremento de la mortalidad causada por la covid-19. También ha cuestionado que el Gobierno dé prioridad a la bonificación antes que a la aprobación de las directrices presupuestarias para el próximo año.