El Cabildo de Tenerife, a través del área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, ha anunciado la inclusión en el Plan Estratégico de Subvenciones para el ejercicio 2023 de una nueva línea de ayudas a los municipios para la realización de un censo que permita identificar y localizar aquellas instalaciones y emplazamientos en los que exista amianto. Esta iniciativa busca incluir un calendario que planifique su retirada.

Según la Corporación insular, se aprobaron estas subvenciones -en régimen de concurrencia competitiva- en el último Consejo de Gobierno insular. El presupuesto total será de 387.500 euros, que serán distribuidos entre los ayuntamientos que lo soliciten.

La nueva Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, establece como uno de sus objetivos generales la reducción de la generación y gestión de los residuos en favor de la salud humana y el medio ambiente. Asimismo, busca concienciar sobre la problemática del uso de amianto y la necesidad de su localización y desmantelamiento de las infraestructuras o instalaciones que aún lo contengan. En este sentido, contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La ley exige que, en el plazo de un año desde su entrada en vigor, los ayuntamientos elaboren un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto y un calendario que planifique su retirada. Además, tanto el censo como el calendario, que tendrán carácter público, serán remitidos a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas, las cuales deberán inspeccionar para verificar que se han retirado y enviado a un gestor autorizado.

La retirada de las instalaciones y emplazamientos con amianto priorizará aquellos con mayor grado de peligrosidad y exposición a la población más vulnerable. En todo caso, las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deberán estar gestionadas antes de 2028.