El Gobierno canario se une al caso de irregularidades en la gestión de centros de menores migrantes.
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 Jun.
El Gobierno de Canarias ha decidido personarse en el caso que investiga las posibles irregularidades en la gestión de los centros de menores migrantes de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI. El viceconsejero de Presidencia en funciones, Antonio Olivera, ha comunicado que la comunidad autónoma se presenta como acusación particular ante la posibilidad de que haya sido perjudicada en la gestión de fondos públicos.
Según ha explicado Olivera en una rueda de prensa para informar sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno, la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, ha detallado que se suscribieron muchos "contratos de emergencia" para atender una situación "sobrevenida" con unos 3.000 menores migrantes bajo tutela que estaban en medio del "desmantelamiento" del sistema de acogida por parte de Gobiernos anteriores.
El Gobierno ha defendido su "absoluta transparencia" en la adjudicación de los contratos y su colaboración con la Fiscalía, a quien ha remitido toda la información pertinente, destacando que no se ha detectado "ninguna incidencia" en la atención a los menores durante las inspecciones llevadas a cabo por la Dirección General de Infancia y la Secretaría General de la Consejería de Derechos Sociales. Lo mismo ha ocurrido con las visitas del Diputado del Común, diputados autonómicos y ONG relacionadas con la atención a migrantes.
Olivera ha dejado claro que el problema no ha estado en la atención a los menores migrantes sino en la gestión de algunos recursos económicos "de algunas personas que trabajan para la Fundación". Además, ha señalado que el Gobierno ya ha licitado los contratos para tener una regulación más adecuada, algo que no se había hecho por falta de recursos económicos hasta que a finales del año pasado se cerró un acuerdo con el Gobierno central por importe de 50 millones de euros.
El rotativo 'Canarias7' ha publicado que la Fiscalía Anticorrupción ha interpuesto una querella en la que ve indicios de una supuesta malversación de fondos públicos a beneficio de directivos de la Fundación. De este modo, la Fiscalía aprecia indicios de supuestos delitos de falsedad en documento mercantil, administración desleal y malversación de fondos públicos en torno a la actuación de cuatro personas y afea a la Consejería su "falta de seguimiento y control" de los contratos que adjudicó por la vía de emergencia entre los años 2020, 2021 y 2022. La investigación se centra en tres centros de acogida ubicados en Gran Canaria y dos en Lanzarote y tiene sospechas de que se usó dinero público para fines privados.