El Ministerio de Juventud e Infancia ha enviado un informe a la Fiscalía en el que denuncia que el protocolo aprobado por el Gobierno de Canarias para la acogida de menores migrantes podría vulnerar gravemente los derechos fundamentales de la infancia en España.

Según fuentes del Ministerio dirigido por Sira Rego, la legislación y el Estatuto de Autonomía de Canarias establecen que la protección de menores es competencia exclusiva de las comunidades autónomas, independientemente de la situación.

El Ministerio ha expresado su preocupación por cómo Canarias podría estar poniendo en riesgo los derechos de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, reafirmando su compromiso con la protección de la infancia y la colaboración institucional.

El informe enviado a la Fiscalía sugiere que el protocolo canario podría estar vulnerando el artículo 39.4 de la Constitución, que garantiza la protección de los niños según acuerdos internacionales, así como el interés superior del menor reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación nacional.

Además, se señala que el protocolo va en contra del Estatuto de Autonomía de Canarias al no ejercer de manera exclusiva la protección de menores. Este supuesto desorden en los procesos de acogida de menores migrantes no acompañados en las islas ha causado controversia.

Ante la presión, la fiscal superior de Canarias ha advertido que investigará un posible delito de abandono si el Gobierno canario no cumple con la acogida de los niños y jóvenes migrantes que llegan en patera al archipiélago.