La Guardia Civil de Fuerteventura ha puesto en marcha una investigación bajo la operación denominada 'Majoma', la cual ha llevado a indagar a una mujer de 62 años, acusada de estafar 23.000 euros y de blanquear capitales de un ciudadano residente en Lajares.

El origen de esta investigación se remonta a enero de 2025, cuando un vecino de Lajares se dirigió a la Guardia Civil para alertar sobre la posible estafa que había sufrido. Este ciudadano, atraído por una publicidad considerada "interesante" en Instagram, decidió contactar con una supuesta plataforma de inversión.

De acuerdo con los informes de la Guardia Civil, el individuo se sintió motivado por promesas de altos retornos en poco tiempo y bajo la premisa de absoluta seguridad. Con esta confianza, accedió al enlace proporcionado y facilitó sus datos personales, recibiendo rápidamente una comunicación de quienes se presentaban como asesores profesionales. Estos le ofrecieron un trato persuasivo y amable, guiándolo en el proceso para comenzar a invertir.

Después de varias interacciones telefónicas, el hombre, creyéndose en camino hacia el éxito financiero, realizó diversas transferencias confiando en que su inversión estaba asegurada. No fue hasta más tarde que se dio cuenta de que había sido víctima de un engaño.

Ante esta situación, el afectado presentó una denuncia que condujo a que los agentes del Equipo @, especializados en delitos de este tipo, identificaran a la dueña de la cuenta bancaria que había recibido la suma de 23.000 euros transferida por la víctima.

La investigada resulta ser una mujer de 62 años, oriunda de Madrid, quien ahora está en el centro de la pesquisa por su supuesta participación en este fraude.

La Guardia Civil ha enfatizado la importancia de mantener un enfoque cauteloso ante ofertas de inversión que prometen rendimientos rápidos y altos, señalando que es crucial validar la autenticidad y la solidez de las plataformas y agentes antes de realizar cualquier tipo de inversión. Además, recomiendan buscar asesoría profesional independiente para protegerse de potenciales fraudes.

Las actuaciones correspondientes a este caso han sido enviadas al Juzgado de Instrucción de guardia en Puerto del Rosario, donde el proceso sigue su curso legal.