En un importante golpe a la criminalidad ambiental, la Guardia Civil ha desbaratado una organización de desguaces que operaba en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, vinculada a un desguace en la Comunidad de Madrid. Esta red se dedicaba a falsificar certificados medioambientales para encubrir la manipulación irregular de cientos de vehículos de gran tonelaje pertenecientes a una empresa de transporte.

La Benemérita, a través de la Operación 'DILANIO', ha cerrado tres instalaciones ilegales y ha iniciado procesos de investigación contra ocho individuos y tres entidades jurídicas. Estas acciones están fundamentadas en presuntos delitos continuados relacionados con el medio ambiente y falsificación de documentos.

Se estima que, en los últimos cuatro años, más de 10.000 vehículos han sido manipulados de forma irregular, lo que ha resultado en la emisión de aproximadamente 1.500 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera.

La investigación dio inicio cuando el SEPRONA de Las Palmas detectó una instalación no autorizada que gestionaba residuos de manera ilícita en un área de suelo rústico protegido, en la que se encontraron 44 vehículos de gran tonelaje, algunos en estado completo y otros semidesguazados. Estos vehículos provenían de desguaces legalmente establecidos que habían acordado colaboraciones con la red criminal.

Los procedimientos para dar de baja estos vehículos eran formalmente gestionados a través de los desguaces autorizados, lo que les permitía disimular el verdadero origen de las operaciones irregulares.

A medida que la investigación avanzaba, los agentes confirmaron que una empresa de transporte había cedido más de 240 vehículos de gran tamaño a un desguace en Madrid, con la intención de darles de baja y someterlos a un tratamiento medioambiental adecuado.

No obstante, este desguace revendía los vehículos como chatarra, generando importantes beneficios económicos, mientras que desviaba los autos hacia otros desguaces en la provincia de Las Palmas, donde se falsificaban los certificados medioambientales requeridos para justificar su gestión adecuada.

La operación resultó en el cierre de dos desguaces ilegales y un tercero que se encontraba en proceso de clausura, todos ubicados en terrenos rústicos protegidos que cubrían más de 40.000 metros cuadrados.

Estas instalaciones operaban bajo la apariencia de desguaces autorizados en zonas industriales, los cuales emitían la documentación falsificada, mientras que parte de los vehículos eran trasladados sin descontaminar o solo parcialmente tratados, lo que representa un grave riesgo ambiental.

Por último, el SEPRONA ha confirmado que las actividades bajo investigación estaban asociadas a la emisión incontrolada de gases fluorados a la atmósfera durante el proceso de desmantelamiento de vehículos, todo sin ningún tipo de supervisión técnica.